Nov 16, 2017 | Artículos, Noticias
Communicado de la CIJ, ante la visita de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sr. Zeid Ra´ad Al Hussein a Guatemala.
La CIJ expresó:
1. El país se encuentra en una de las más graves crisis institucionales que se han presentado en la época post-conflicto armado interno. Desde el 27 de agosto, cuando el Presidente de la República declaró persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quedó evidenciado que el Organismo Ejecutivo, al más alto nivel, iniciaba una serie de actos arbitrarios, para afectar el desenvolvimiento de este organismo de las Naciones Unidas.
2. Por su parte, el Congreso de la República, inició la implementación de una “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad”, por medio de la aprobación de una ley de reformas al Código Penal, que luego, ante el rechazo generalizado de la población guatemalteca, tuvo que dar marcha atrás.
3. En las últimas semanas, el Congreso de la República, en forma abierta, ha evidenciado que la “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad” tiene como pilares fundamentales: a) Facilitar la corrupción por medio de iniciativas tales como eliminar la constancia de “finiquito” o constancia de haber cumplido con todas las normas relativas a la transparencia, para quienes quieran optar al cargo público de diputado o diputada; b) Consagrar la Impunidad en casos de Justicia Transicional a favor de militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, por medio del otorgamiento de una “amnistía general”, y reformas a la Ley de Reconciliación Nacional; c) Reprimir a quienes ejercen el derecho a la resistencia pacífica, así como afectar el normal funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, por medio de leyes, que permitirán establecer mayores controles al funcionamiento de las ONGs y desarrollar aún más, la persecución a dirigentes comunitarios, por medio de la Ley contra actos terroristas.
4. Mientras tanto, las y los jueces independientes y honestos del Poder Judicial, continúan sufriendo campañas de difamación, recusaciones infundadas para ser apartados de los casos de alto impacto que conocen; litigio de mala fe por parte de abogados y abogadas que defienden a funcionarios públicos en casos de corrupción que se ventilan en su contra; ataques por medio de medidas disciplinarias y hasta ataques fìsicos.
5. La CIJ ha podido constatar que el Sistema de Justicia tiene grandes retos que debe superar; sin embargo, para ello es necesario que se impulsen reformas que lo fortalezcan. Esas reformas se vuelven casi imposibles, cuando están en manos de funcionarios acusados de cometer delitos o actos de corrupción. Un claro ejemplo, lo constituye la figura jurídica del antejuicio, que según las reformas constitucionales debería desaparecer para el caso de muchos funcionarios públicos. Sin embargo, precisamente fue el Congreso de la República, quien rechazó esta reforma en forma tajante.
6. El próximo año 2018 se iniciará con la crucial elección de Fiscal General. Como lo expresara la CIJ en su comunicado del mes de febrero del presente año, la existencia de un pacto de impunidad, hacía prever acciones concretas en contra de la CICIG y su representante en el futuro inmediato.
7. LA CIJ considera que si en dicha elección el crimen organizado toma el control de esta institución, significará que las estructuras criminales habrán consolidado el Pacto de Impunidad que pretenden implementar, para lograr que los casos de alto impacto que hoy se ventilan ante los tribunales de justicia, se vean seriamente afectados, incluso con la liberación de las personas que se encuentran guardando prisión.
8. En lo que respecta a la obligación del Estado de Guatemala de respetar los derechos humanos de las personas, la CIJ considera que la visita del señor Al Hussein se lleva a cabo en un clima de inseguridad y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra los Pueblos Indígenas y campesinos pobres de Guatemala, imperando acciones estatales de racismo, exclusión y discriminación.
Ante esta crisis institucional, que afecta a los tres organismos del Estado y a la sociedad guatemalteca en su conjunto, Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó:
“La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), debe asumir en esta visita, la posición más contundente posible, para obtener de las autoridades del Estado de Guatemala, compromisos concretos, viables y verificables, para construir un verdadero Estado de Derecho, en el que se respeten los derechos humanos de todos los pueblos.”
Guatemala, 16 de noviembre de 2017
Nov 16, 2017 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Los procedimientos nacionales para la selección de los jueces de los tribunales regionales de derechos humanos frecuentemente no cumplen con los estándares de imparcialidad, inclusión y transparencia, concluye un informe conjunto de OSJI y de la CIJ publicado hoy.
Universal-Fortaleciendo desde Dentro-Publications-Reports-2017-SPA (el informe en español, PDF)
Sep 12, 2017 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy la Comisión Internacional de Juristas lanza un nuevo informe sobre la grave ruptura del Estado de Derecho: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo.
A través de diferentes sentencias emitidas desde diciembre de 2015, el máximo órgano de la Judicatura venezolana fue progresivamente desmantelando el Estado de Derecho, socavando los derechos humanos y dejando sin aplicación la Constitución política de ese país.
En sus decisiones Nos. 155 y 156 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) daría una estocada final al Estado de Derecho, arrogándose las facultades legislativas, despojando a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales y otorgando amplísimos y arbitrarios poderes al Ejecutivo.
En su Sentencia No. 155 de 27 de marzo de 2017, el TSJ se pronunció sobre un recurso de nulidad presentado por un Diputado oficialista contra un acto de la Asamblea Nacional, que pedía la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, para una resolución pacífica de la crisis y la reinstauración del orden constitucional en Venezuela.
En su Sentencia No. 156 de 28 de marzo de 2017, el TSJ se pronunció sobre una demanda de interpretación sobre Ley Orgánica de Hidrocarburos, que cercenó las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional.
“Estas decisiones constituyen un verdadero Golpe de Estado al orden constitucional y han dado inicio del reino de la arbitrariedad”, declaró Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
El informe de la CIJ analiza, a la luz de estándares internacionales y de los principios del Estado de Derecho así como de la Constitución venezolana, la jurisprudencia emitida desde diciembre de 2015 por el TSJ en relación con las funciones y facultades constitucionales del Poder Legislativo, el control parlamentario, los estados de excepción y la amnistía.
El TSJ – una institución totalmente cooptada por el Poder Ejecutivo e integrada mayoritariamente por del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y/o ex funcionarios del Gobierno- se convirtió en un apéndice del Gobierno y un instrumento político del régimen para enfrentar la cada vez más creciente oposición política y social.
Invocando arbitrarias interpretaciones de la Constitución, omitiendo el análisis de otras normas constitucionales, otorgando rango supraconstitucional a normas de inferior jerarquía y obviando el debido proceso y el sistema de contradicción judicial, el TSJ fue despojando y vaciando a la Asamblea Nacional de sus funciones constitucionales en materia legislativa, de control parlamentario, de reglamentación y de administración interna, para favorecer políticamente al Gobierno.
“Los fallos no se han proferido con imparcialidad, de conformidad a los hechos y el derecho, como lo prescriben el principio 2 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura pero más bien están en flagrante violación de la Constitución venezolana. El TSJ ha proferido sus decisiones basado en consideraciones políticas y lealtades partidistas e ideológicas con el Poder Ejecutivo”, declaró Sam Zarifi.
Asimismo, el informe relaciona las recomendaciones sobre administración de justicia que han venido formulando a Venezuela, desde hace varios años, distintos órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.
Ninguna de esas recomendaciones ha sido acatada por las autoridades venezolanas, incluso las órdenes de reparación decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales son de obligatorio cumplimiento.
“Esa posición de las autoridades venezolana es violatoria de su obligación internacional de cooperar de buena fe con órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos”, declaró Sam Zarifi.
Finalmente, el informe concluye que el TSJ ha socavado el Estado de Derecho, vulnerado el principio de separación de poderes y conculcado las funciones constitucionales y la autonomía del Poder Legislativo.
El TSJ, como consecuencia de sus decisiones basadas en imponer los intereses políticos del Poder Ejecutivo, ha perdido sus atributos esenciales de un genuino Poder Judicial, tales como: independencia, imparcialidad, autonomía, y legitimidad.
“El TSJ ha asumido un rol de dar apariencia de legitimidad jurídica a las acciones políticas arbitrarias emanadas del Poder Ejecutivo, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y dejando de ejercer su función constitucional de garante del Estado de Derecho y de los derechos humanos y libertades fundamentales”, declaró Sam Zarifi.
Contactos:
Sam Zarifi: Secretario General de la CIJ; t +41 79 726 44 15 ; e sam.zarifi@icj.org
Federico Andreu-Guzmán: Representante para Suramérica de la CIJ; t + 57 311 481 8094; e federico.andreu@icj.org
Venezuela-Tribunal Supremo-Publications-Reports-Thematic reports-2017-SPA (el informe en PDF)
Venezuela-Actualización-Advocacy-Analysis brief-2017-SPA (mas información en PDF)
Aug 30, 2017 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ considera que la crisis institucional que se vive en Guatemala requiere la intervención directa del Secretario General de Naciones Unidas Sr. Antonio Guterres.
La CIJ a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. El Acuerdo entre La Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en su punto 10 numeral 4. , establece el compromiso del Gobierno, de proporcionar a la CICIG y a su personal, en todo el territorio, “la seguridad necesaria para el cumplimiento eficaz de sus actividades”. Además, el punto 10 citado anteriormente, compromete al Gobierno de Guatemala a velar por que el personal de la CICIG, nacional o internacional, no sea objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones, por el desempeño de su trabajo.
2. Los actos unilaterales del Presidente Jimmy Morales constituyen una violación a dichas garantías y pueden interpretarse como un mecanismo para afectar el eficiente trabajo que viene realizando el Comisionado Iván Velásquez al frente de la CICIG; para obstaculizar la justicia, para interferir en la Independencia del Poder Judicial y promover así, más impunidad en el país.
3. La decisión de la Corte de Constitucionalidad de dejar en suspenso en forma definitiva el acto reclamado por el Procurador de los Derechos Humanos y de esa forma, dejar sin efecto el acto unilateral por medio del cual el Presidente Jimmy Morales declaró “persona non grata” al Comisionado Velásquez, viene a reforzar el Estado de Derecho en Guatemala y fortalece al máximo Tribunal Constitucional.
Sam Zarifi, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas expresó:
“Ante la crisis institucional que se vive en Guatemala, la Comisión Internacional de Juristas considera que es necesaria la intervención directa del Secretario General de Naciones Unidas Sr. Antonio Guterres mediante una Misión de Alto Nivel, que permita evaluar “in loco”, si el Gobierno de Guatemala está dispuesto a honrar el Acuerdo firmado en la ciudad de Nueva York el 12 de diciembre de 2006.”
“El Gobierno de Guatemala debe dar a la Organización de las Naciones Unidas, garantías convincentes de que la CICIG, el Comisionado Iván Velásquez y todo su personal nacional e internacional, podrán cumplir en el futuro con sus funciones, sin abusos, amenazas, represalias o intimidaciones de ningún tipo,” concluyó.
Aug 28, 2017 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ dice que la declaración de Iván Velásquez como persona no grata es un fraude de ley y sin efecto legal.
La CIJ a la comunidad nacional e internacional expresa:
- Que la decisión del Presidente Morales de declarar “non grato” y de expulsar del país a Comisionado Iván Velásquez (foto), es nula “de pleno derecho” y no nació a la vida jurídica por las siguientes razones:
- Fue emitida de “mala fe” por el Presidente Morales, ya que el verdadero objetivo de la misma es obstruir a la justicia y proteger a él y a su familia; en tal sentido viola la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (artículo 26), ratificada por el Estado de Guatemala;
- Por tal razón, se trata de un acto contrario al Derecho internacional de los Derechos Humanos, que también viola el artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala;
- Nuevamente se configura el “fraude de ley“, de conformidad con el artículo 4. segundo párrafo, de la Ley del Organismo Judicial (Dto. 2-89 del Congreso de la República), ya que de conformidad con dicho artículo “los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se consideran ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”;
- El Presidente Morales resolvió declarar non grato al Comisionado Velásquez para obstruir la justicia y provocar más impunidad; es importante recordar que la lucha contra la impunidad constituye una norma imperativa delDerecho internacional, de carácter obligatorio y que no admite derogación alguna;
- El acto unilateral del Presidente Morales atenta contra la Independencia Judicial. En menos de dos meses, es la segunda vez que el Presidente Morales comete este tipo de hecho antijurídico, ya que con anterioridad, trató de influir ilegalmente en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
- Según el artículo 4. primer párrafo de la Ley del Organismo Judicial citada, “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho”.
- Por todo ello, la CIJ pide al Ministerio Público abrir un expediente en contra del Presidente Morales y hacer todo lo que esté a su alcance, para que se deduzcan las responsabilidades penales y civiles a que da lugar, la conducta ilegal del Presidente de la República.
- La CIJ apoya y valora altamente la gestión del Comisionado de la CICIG Iván Velásquez
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó:
“La decisión del Presidente Jimmy Morales es inaceptable y su actitud de no cumplir con la resolución que otorga amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad debe ser acatada por él en forma inmediata. De lo contrario, estará incurriendo en otro delito.”
