LA CIJ y IBAHRI destacaron hoy en frente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la necesidad urgente de que exista rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Las organizaciones abajo firmantes escribimos para exhortar a los Estados miembros de la ONU a que garanticen la adopción de una resolución sólida por la que se establezca una misión de investigación o un mecanismo de investigación independiente similar sobre Afganistán como cuestión prioritaria en el próximo 48º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH).
Hoy, la CIJ y la Comisión Colombiana de Juristas pronunciaron declaraciónes orales en los diálogos interactivos con les Relatores Especiales sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitraria y sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
La CIJ, en un informe que presentó hoy, afirmó que el Poder Judicial de Venezuela se ha convertido en una herramienta para que el Poder Ejecutivo controle políticamente al país, en lugar de ser un mecanismo de defensa del Estado de derecho en el país.
El informe Jueces en la cuerda floja de 58 páginas, documenta el deterioro de la independencia judicial en Venezuela debido al control y la influencia política sobre el Poder Judicial, y debido al rol que ha desempeñado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el quebrantamiento de la independencia de los jueces en todo el país.
“La justicia es un derecho humano y es un derecho fundamental para la protección de otros derechos. Sin las garantías esenciales de independencia e imparcialidad de los jueces, no tenemos justicia. Hoy, en Venezuela, el derecho a la justicia no está garantizado, en la medida en que no tenemos un sistema de jueces independientes e imparciales”, dijo Carlos Ayala, vicepresidente de la CIJ.
El Tribunal Supremo de Justicia, controlado desde hace mucho tiempo por el Poder Ejecutivo, ha gestionado el colapso del Estado de derecho en el país, ya que más del 85% de los jueces ocupan cargos provisionales, están sometidos a presiones políticas, y reciben presiones directas para que emitan decisiones judiciales en favor del gobierno y en contra de personas defensoras de derechos humanos y disidentes políticos.
“La captura política del TSJ ha colocado a los jueces en la cuerda floja en Venezuela, haciéndolos incapaces de defender el Estado de derecho, proveer la rendición de cuentas por las numerosas y graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, y proteger los derechos del pueblo venezolano”, dijo Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
De esta manera, la CIJ ha recomendado a Venezuela despolitizar el Poder Judicial en general y en particular el Tribunal Supremo de Justicia. El informe también establece una serie de recomendaciones específicas para lograr estos objetivos, en particular:
Asimismo, la CIJ ha hecho un llamado a las autoridades venezolanas para que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial, así como con las decisiones y recomendaciones de diferentes órganos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y para que permitan el acceso al país de procedimientos y mecanismos internacionales de derechos humanos que contribuyan a la rendición de cuentas y al restablecimiento del Estado de derecho.
La CIJ también insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mantener un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, hasta que los fiscales, los tribunales y las cortes venezolanas sean capaces de investigar, procesar y juzgar eficazmente dichas violaciones con independencia e imparcialidad.
Contacto
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. email: carolina.villadiego@icj.org
Venezuela-Judges on the tightrope-Publications-Reports-Thematic reports-2021-SPA
En esta columna de opinión, el Comisionado de la CIJ, Rodrigo Uprimny, presenta siete medidas para superar la grave crisis que atraviesa Colombia, y para que el Gobierno y los líderes políticos hagan esfuerzos por desescalar la violencia y, a su vez, escalar la protección de los derechos humanos.
Esta crisis actual es muy grave. En pocos días han muerto más de 30 personas, varias de ellas por balas de la policía. Hay además numerosos desaparecidos. Y ha habido actos de vandalismo criminal extremo, como el intento de incinerar en un CAI a varios agentes de la policía.
Además de grave, esta crisis es compleja pues resulta de una combinación de tensiones viejas y nuevas, que se han acumulado y explotaron con ocasión del proyecto de reforma tributaria. Pero a pesar de su complejidad y gravedad, que hacen que la crisis sea difícil de resolver, o tal vez precisamente por eso, es necesario tomar medidas para evitar que se agrave más.
El Gobierno y los líderes políticos y sociales deben hacer esfuerzos por desescalar la violencia, para lo cual es necesario escalar los derechos humanos, poniéndolos en el centro del manejo de la crisis. Propongo entonces siete medidas orientadas en esa dirección.
Primero, el presidente y en general todo el alto Gobierno deben condenar inequívocamente los abusos de la Fuerza Pública y señalar que esos actos no serán tolerados y serán investigados y sancionados. Infortunadamente esas declaraciones no han ocurrido.
Segundo, los promotores del paro y quienes compartimos la protesta debemos condenar no sólo los abusos policiales sino también los actos de violencia en las protestas.
Tercero, la Defensoría y la Procuraduría deben recordar que son instituciones independientes del Gobierno y que deben tomar en serio y cumplir su función constitucional de defender los derechos humanos y denunciar los abusos de las autoridades. Infortunadamente, a pesar del compromiso de sus funcionarios, las intervenciones de esos organismos han sido débiles por la cercanía de sus jefes con el Gobierno.
Cuarto, las autoridades deben detectar y sancionar a quienes en las protestas comenten actos vandálicos, especialmente contra otras personas, pero garantizando la protesta pacífica, sin estigmatizarla, y evitando cualquier exceso en el uso de la fuerza.
Por esa razón, quinto, el Gobierno y la Fuerza Pública deben cumplir estrictamente la sentencia de tutela de la Corte Suprema de septiembre 2020, que al amparar el derecho a la protesta pacífica ordenó a las autoridades que se abstuvieran de estigmatizar la protesta y que adoptaran protocolos para evitar excesos en el uso de la fuerza.
Pero esa sentencia no ha sido cumplida en estas protestas, por lo cual los peticionarios de esa tutela, que fue apoyada por varias organizaciones de derechos humanos, entre las cuales está Dejusticia, presentaron un incidente de desacato contra el Gobierno.
Sexto, la Fiscalía debe investigar todas las violencias ocurridas en estas protestas, incluidas las de la policía, pues si el delito es claramente contrario a la función constitucional de la Fuerza Pública, el caso debe ir a la justicia ordinaria, conforme a la jurisprudencia constitucional y al artículo 3 de la Ley 1407.
Séptimo, debemos buscar el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos. Por eso, en vez de obstruir la labor de verificación de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como intentó hacer la viceministra de Relaciones Exteriores, el Gobierno debería facilitar la presencia de otras instancias internacionales, como la Comisión Interamericana, para que nos ayuden a enfrentar la crisis.
Esas medidas y otras del mismo carácter, que ponen los derechos humanos en el centro del manejo de la crisis, ayudarían a desescalar las violencias, lo cual facilitaría al mismo tiempo los necesarios diálogos en la búsqueda de acuerdos nacionales genuinos para enfrentar los problemas y las tensiones subyacentes que alimentaron estas protestas.
Notas:
El Comisionado Uprimny también es Investigador en Dejusticia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Esta columna se publicó por primera vez en El Espectador el 9 de mayo de 2021.
Palestine/Israel: Israel must immediately stop its criminal forcible displacement in Gaza
ICJ Submission on draft General Comment No. 27 on Children’s access to justice and effective remedy
HRC59: ICJ Statement in the interactive dialogue on the High Commissioner’s report on Venezuela – addressing arbitrary detention and repression of civic space
HRC59: Joint statement during interactive dialogue on Myanmar – addressing ongoing atrocity crimes and the collapse of judicial independence