Jul 8, 2019 | Comunicados de prensa, Informes, Multimedia, Noticias, Publicaciones
Las autoridades venezolanas deben tomar medidas de inmediato para restaurar las instituciones democráticas y el funcionamiento del estado de derecho, lo que incluye disolver la Asamblea Nacional Constituyente y restaurar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, dijo hoy la CIJ.
Sin lugar para la deliberación, el informe más reciente de una serie sobre derechos humanos y estado de derecho en Venezuela, aborda aspectos profundamente problemáticos con respecto a la creación, composición y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la cual actualmente detenta funciones legislativas, y su devastador efecto para el Estado de Derecho en ese país.
El reporte muestra que la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 4 de agosto en virtud un decreto ejecutivo del Presidente Nicolás Maduro, ha desplazado la autoridad de la constitucionalmente establecida Asamblea Nacional.
“La ANC fue creada unilateralmente por el Presidente, sin refrendación popular mediante un referendo, configurando una evidente violación a la Constitución, y desde entonces ha actuado como un cuerpo sin control o respeto por el estado de derecho,” dijo Sam Zarifi, Secretario General de la ICJ.
Inicialmente creada para redactar una nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido usada para usurpar funciones legislativas y así aprobar medidas de orden administrativo, electoral y legislativo en favor de la agenda del Poder Ejecutivo, establece el reporte.
El informe documenta cómo la Asamblea Nacional Constituyente adelantó elecciones presidenciales; levantó la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional para permitir su arresto y enjuiciamiento; designó a las autoridades de más alto nivel; y aprobó leyes discriminatorias que criminalizan la libertad de expresión y asociación.
Entre otras cosas, la CIJ recomienda a las autoridades venezolanas que tomen medidas para que:
- Cese el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y se reestablezcan los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional.
- Se permita a la Asamblea Nacional revisar los actos adoptados por la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de dejarlos sin efecto total o parcialmente, de manera inmediata o condicional, en aras de preservar la seguridad jurídica.
Contactos:
Sam Zarifi: Secretario General de la CIJ; t +41 79 726 44 15; e sam.zarifi(a)icj.org
Santiago Martínez Neira: abogado consultor de la CIJ; e santiago.mn(a)gmail.com
Venezuela-Sin Lugar para la deliberacion-Publications-Reports- fact findings mission reports-2019-SPA (Informe, en PDF)
Video de un evento paralelo sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela, organizado conjuntamente con Amesty International:
https://www.facebook.com/ridhglobal/videos/1206399322898690/
Jun 29, 2019 | Artículos, Noticias
Entre el 26 y el 29 de junio de 2019, en la Ciudad de Guatemala, la CIJ, junto con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el apoyo de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) y el Bufete de Derechos Humanos (BDH), llevó a cabo actividades de capacitación dirigidas a más de 12 jueces y 20 fiscales, acerca de los estándares internacionales que se aplican en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
Las actividades se llevaron a cabo en el marco del proyecto “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, bajo la Iniciativa Global de rendición de cuentas de la CIJ, y con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Las actividades contaron con la presencia de Tomás Pallás Aparisi, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala; Delia Dávila, Magistrada de la Corte Suprema de Guatemala; y Haroldo Vásquez, Presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI).
En estas actividades, Ramón Cadena, director de la Oficina de Centroamérica de la CIJ, se refirió a la importancia de los estándares internacionales aplicables a la investigación y al enjuiciamiento de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Además, Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos (BDH), analizó la situación de las desapariciones forzadas en Guatemala y el valor y la aplicabilidad de los estándares internacionales en el país.
Asimismo, Marco García, miembro de la FAFG, describió el papel de la ciencia forense en la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la Iniciativa Global de Rendición de Cuentas de la CIJ, proporcionó una visión general acerca de los contenidos del “Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas” (versión revisada de 2016).
La CIJ aprovechó la realización de estas actividades de capacitación para visitar a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y reunirse con la jueza Delia Marina Dávila, de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Contactos:
Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina, y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Feb 12, 2019 | Artículos, Noticias
Hoy en Bogotá, Colombia, la CIJ, junto con sus socios en la región, lanzaron el proyecto “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, en el marco de la Iniciativa de Responsabilidad Global de la CIJ.
El objetivo del proyecto es promover la rendición de cuentas y el acceso a recursos efectivos y medidas de reparación para las víctimas y sus familias, en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú.
Este proyecto se implementa en conjunto con la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia (dhColombia), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL).
Además, Christof Heyns, director del Instituto de Derecho Internacional y Comparado en África de la Universidad de Pretoria, y ex Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, se une al proyecto como asesor especial.
En el marco de este proyecto, se realizarán estudios generales sobre los obstáculos existentes para la investigación y judicialización de estas graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, Guatemala y Perú, y se documentarán casos emblemáticos de las violaciones ocurridas en dichos países. También, se producirá una guía para uso de la sociedad civil, las víctimas y sus representantes, sobre la investigación y el enjuiciamiento de muertes potencialmente ilegales; y se elaborará una guía para expertos forenses sobre la investigación de estas graves violaciones. Adicionalmente, se realizarán litigios estratégicos y observaciones de audiencias, así como actividades de capacitación que involucren a jueces, fiscales, investigadores, abogados, grupos de víctimas y expertos forenses.
El proyecto cuenta con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Contactos:
Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Rocío Quintero M, asesora legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Sep 19, 2018 | Eventos, Noticias
La CIJ acogerá el evento paralelo, “Azúcar amargo en la República Dominicana: la industria azucarera y los derechos humanos” el lunes, 24 septiembre 2018 de 15:00-16:00 habitación XXVII, en el Palais de Nations en Ginebra.
Junto con el turismo, la producción de azúcar es una de las principales industrias y una de las mayores fuentes de empleo en la República Dominicana.
Este pequeño estado caribeño sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de azúcar en los Estados Unidos.
Si bien la producción y exportación de azúcar en la República Dominicana son unas fuentes importantes de ingresos para el país, los impactos adversos de su producción son varios.
La destrucción del medio ambiente, el acceso reducido a la tierra para las comunidades locales, los desalojos forzosos y las condiciones laborales precarias en las plantaciones de caña de azúcar son lamentablemente una realidad en muchas regiones del estado caribeño.
Mientras que la República Dominicana ha demostrado en los últimos años estar preparada para cumplir y aplicar las normas internacionales sobre asuntos relacionados con las empresas y los derechos humanos, el país sigue enfrentando muchos desafíos y las evidencias de violaciones de derechos humanos proviniendo del terreno todavía pintan una realidad complicada.
Dos ejemplos recientes involucrando la industria de la caña de azúcar ilustran la preocupación constante por los abusos contra los derechos humanos en la República Dominicana.
En 2016, agentes armados de uno de los mayores productores de azúcar del país, Central Romana Corp., expulsaron por la fuerza de sus hogares a más de 60 familias durante la noche.
No se han proporcionado alojamiento alternativo o reparaciones a las víctimas para reparar la destrucción de sus hogares y el trauma causado por la violencia de los desalojos.
En 2017, el Grupo Vicini, la segunda principal empresa productora de azúcar del país, utilizó el pesticida glifosato de tal manera que muchas personas corrieron peligro de muerte y que destruyó los cultivos y el ganado de los campesinos. Hasta la fecha, las violaciones de los derechos humanos en ambos casos siguen impunes.
Existe una creciente preocupación internacional de que la industria de la caña de azúcar en la República Dominicana puede de alguna manera actuar con impunidad cuando se trata de violaciones de derechos humanos.
Teniendo en cuenta el próximo Examen Periódico Universal de la República Dominicana, en el cual todos los Estados Miembros de la ONU examinarán la situación de los derechos humanos en el país, este evento paralelo tiene como objetivo informar y arrojar luz sobre esta realidad poco conocida en la República Dominicana e informar a las delegaciones estatales sobre la importancia de abordar este tema en su revisión de la República Dominicana.
El evento también proporcionará un espacio para el diálogo constructivo entre varios actores, incluido el Gobierno de la República Dominicana.
Panelistas:
– Un experto sobre el tema de las empresas y los derechos humanos (Carlos Lopez, Comisión Internacional de Juristas)
– Un experto sobre el tema de la industria azucarera en la República Dominicana y sus impactos sobre los derechos humanos (Fr. Damián Calvo Martin OP, Centro de Teología Santo Domingo de Guzman)
– Una víctima de desalojos forzosos por parte de Central Romana Corp. (María Magdalena Álvarez Gálvez)
Moderador: Rory Gogarty, High Court of England and Wales
Interpretación: se proporcionará de inglés a español y de español a inglés
República Dominicana evento 24 septiembre (volante de evento en PDF)
Sep 17, 2018 | Artículos, Noticias
La Corte de Constitucionalidad hizo pública ayer 16 de septiembre, su decisión de ordenar permitir el ingreso al país, del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez.
La CIJ celebra dicha decisión, ya que permitirá continuar el trabajo de la CICIG y de esta forma la decisión de la Corte de Constitucionalidad, logrará remover uno de los obstáculos más apremiantes, impuestos por el propio Presidente de la República, para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, contenidas en el Acuerdo Internacional de Derechos Humanos que crea dicha comisión.
Con respecto a los recursos de amparo que buscan dejar sin efecto la decisión del Presidente de la República de no prorrogar el mandato de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió no otorgar el amparo provisional y, por lo tanto, los procesos deberán continuar hasta su resolución final.
Para el efecto, la CIJ insta a la Corte de Constitucionalidad, a respetar los plazos legales y resolver finalmente los recursos de amparo, conforme los principios, costumbre internacional y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La CIJ reitera que el no prorrogar el mandato de la CICIG, también podría causar un grave daño a la justicia y ser un obstáculo definitivo para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, de combatir la impunidad.
Con respecto al diálogo que deberá continuar para resolver las diferencias, según el artículo 12 del Acuerdo Internacional de Derechos Humanos citado, la CIJ considera que es necesario incorporar a dicho diálogo, al Procurador de los Derechos Humanos y a la Sociedad Civil organizada, que fueron precisamente quienes propusieron la creación de tan importante comisión.
Uno de los puntos fundamentales a analizar entre todos los actores involucrados, entre otros temas, es si las entidades estatales nacionales ya están suficientemente fortalecidas y capacitadas para continuar la lucha contra la impunidad, sin el apoyo de la CICIG.
La CIJ considera que para seguir impulsando acciones eficientes en la lucha contra la corrupción e impunidad, es de vital importancia suspender los efectos de la decisión gubernamental, de no prorrogar el mandato de la CICIG.
De esta forma, se dará mayor confianza y viabilidad al diálogo entre todas las partes sobre el futuro de la CICIG; además, de esta forma se protegerán los derechos de la población guatemalteca.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: “Falta revertir la decisión del Presidente Jimmy Morales de no prorrogar el mandato de la CICIG. De esta forma, quedarán removidos todos los obstáculos impuestos a la CICIG y se contribuirá al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.”
