Nov 4, 2014
The ICJ has submitted information to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in advance of its examination of Nepal’s third periodic report under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
The ICJ submission draws the Committee’s attention to issues concerning Nepal’s failure to comply with certain obligations under ICESCR as a result of the fact that Nepal has undermined the independence and effective functioning of the National Human Rights Commission. The submission also voices concern over Nepal’s failure to provide a) an effective remedy for forced displacements during the armed conflict, and b) adequate rehabilitation support and compensation for human rights abuses during the armed conflict.
The Committee will examine Nepal’s third periodic report during its 53rd session in November 2014, following which it will adopt Concluding Observations setting out recommendations to the Government.
Nepal-CESCR53-LegalSubmission-2014-EN (download full ICJ submission in PDF)
Nov 3, 2014 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Este informe presenta los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la misión de observación de los derechos sociales en la agricultura para la exportación en Perú (Valle de Ica, sur de Lima), enviada por la CIJ entre el 29 de abril y el 7 de mayo del 2014.
La misión recibió el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-Ica).
El objetivo de la misión era observar y verificar sobre el terreno el cumplimiento de los estándares internacionales sobre protección de los derechos económicos y sociales (laborales, de salud y otros conexos), y sobre responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, en el contexto de las operaciones de las empresas agro-exportadoras del Valle de Ica.
El informe concluye que las condiciones de trabajo en la agricultura de exportación en el Valle de Ica son deplorables y claramente constituyen un ejemplo de trabajo precario y no acorde con los estándares internacionales en materia de derechos del trabajador y otros derechos sociales. Muchas de estas situaciones pueden constituir violaciones graves de derechos humanos.
La misión llega a esta conclusión después de haber escuchado a un buen número de trabajadores y trabajadoras, niños, dirigentes sindicales, expertos laborales, funcionarios estatales y otros, y después de haber analizado la información y análisis que le fue proporcionado o que pudo colectar independientemente.
En lo que atañe al objeto particular del presente informe con especial enfoque en los actores empresariales no estatales, debe concluirse que las empresas del sector en general, sean grandes o pequeñas, carecen de un verdadero entendimiento de la responsabilidad social de la empresa (RSE) y los derechos humanos.
La misión no ha podido observar ni recabar información sobre ninguna política o mecanismo empresarial de prevención de riesgos de afectación a derechos, ni sobre planes de mitigación o remediación. Los principales actores locales en materia de derechos humanos y RSE tampoco parecen tener un entendimiento cabal de esta materia o planes de acción concretos al respecto.
El informe recomienda una serie de medidas al Estado peruano, entre ellas:
- La derogación o modificación de la Ley N° 27360 y el restablecimiento del régimen laboral común en el sector agrícola a través de una ley adoptada por el Congreso de la República.
- El pronto establecimiento y funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL y su trabajo de fiscalización efectivo en la Región de Ica y otras en el Norte del Perú, donde la industria agroexportadora es importante. El número de inspectores debe ser suficiente para las necesidades de fiscalización en una región donde trabajan docenas de miles de trabajadores.
- Es necesario que se establezcan, bien como adscrito a SUNAFIL o a las Direcciones Regionales de Trabajo o de Salud, los equipos técnicos, idóneos y debidamente dotados de los instrumentos técnicos necesarios para verificar las condiciones de salud, incluida la prevención en los fundos.
- La adopción de medidas más severas, incluidos procedimientos de reclamación mucho más eficaces y expeditivos, ante actos y situaciones de naturaleza anti-sindical. Debido a la naturaleza insidiosa en que la acción anti-sindical se desarrolla en este contexto, deberían renovarse los mecanismos de detección o alerta temprana.
- La dedicación de recursos y esfuerzos especiales para una adecuada recolección y mantenimiento de datos sobre contratos de trabajo –así como una renovada vigilancia de la obligación del empleador de informar a la autoridad competente todos los datos relacionados al contrato, su duración, condiciones, entre otros.
- Adoptar medidas para garantizar que las empresas adoptan medidas para facilitar el trabajo de mujeres madres con niños y garantizar el acceso, des el primer día de contratación, a la seguridad social.
En relación a las Empresas agro-exportadoras, el informe recomienda:
- La adopción de políticas y procedimientos internos orientados a asegurar que las operaciones de la empresa respetan los derechos humanos, incluidos los derechos laborales de los trabajadores de acuerdo a los estándares internacionales.
- La publicación o socialización por medios adecuados de las medidas internas adoptadas para subsanar las faltas graves a los estándares internacionales de protección al trabajador.
- Igualmente la misión insta a las empresas a desarrollar programas de mejoramiento del nivel de vida de las comunidades de las que provienen la mayoría de los trabajadores, particularmente en mejoramiento de las viviendas y servicios públicos esenciales.
El informe contiene asimismo otras recomendaciones dirigidas a los sindicatos, ONGs y otros organismos de la sociedad civil, al sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la comunidad internacional.
Peru-Regimenes especiales exportacion-Publications-thematic report-2014-SPA (full text in PDF)
Oct 9, 2014
La CIJ a publié aujourd’hui un nouveau rapport sur les régimes économiques spéciaux et leur impact sur les droits sociaux au Maroc.
Sont concernés notamment les droits à la terre et à l’eau et la sécurité sociale et de l’emploi.
Les régimes économiques spéciaux ont pour but de faciliter les exportations et les investissements dans des domaines comme l’agriculture et le textile.
Cette étude est l’aboutissement d’un projet conduit au Maroc et au Pérou.
Morocco-Droits sociaux et regimes speciaux-Publications-thematic report-2014-FRE (télécharger le rapport en français, PDF)
Oct 3, 2014 | Artículos, Noticias
Este communicado sigue una nueva visita a San Juan Sacatepéquez, con el objeto de observar la situación de derechos humanos en dicho municipio.
La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. Con fecha 28 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una nueva visita a San Juan Sacatepéquez, con el objeto de observar la situación de derechos humanos en dicho municipio, a raíz del establecimiento de un estado de prevención por el Organismo Ejecutivo. La CIJ tuvo la oportunidad de entrevistarse con dirigentes en Santa Fe Ocaña y Pilar II, quienes manifestaron que desde el establecimiento del estado de prevención, han sido afectados otros derechos tales como los derechos de las mujeres, el derecho a la educación, el derecho al desarrollo, el derecho a la salud ante las dificultades de movilidad en casos de emergencia, los derechos de la niñez y el derecho a la libertad de culto.
2. La CIJ lamenta que dicho estado de prevención esté afectando el ejercicio de otros derechos y permitiendo que se lleven a cabo diferentes violaciones por parte de las fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las fuerzas del Ejército de Guatemala. Entre las denuncias recibidas se pueden citar:
a) Las actividades religiosas han sido suspendidas y esto les impide celebrar diferentes fiestas de los santos de las comunidades;
b) Las mujeres del lugar sufren acoso sexual y tanto policías como soldados les hacen comentarios ofensivos, insinuaciones sexuales y en general, molestan a las mujeres con propuestas de tipo sexual;
c) Algunos niños y niñas no están acudiendo a la escuela, ya que tienen temor que algo pueda sucederles con tanto policía y tanto militar en los caminos;
d) La comercialización de flores se ha visto afectada, lo cual repercute negativamente en su economía;
e) Miembros de la Policía Nacional Civil entran a sus casas exigiendo que les den tortillas o alimentos;
f) La presencia militar y policial es desproporcionada y considerable; no instalaron los sanitarios suficientes, ni tomaron medidas de higiene cuando llegaron a las comunidades; esto provoca que utilicenen forma abusiva los terrenos de los comunitarios;
3.cLa CIJ pide a las autoridades que no se prorrogue el estado de prevención en San Juan Sacatepéquez, porque viola el principio de proporcionalidad y de estricta necesidad y porque se fundamenta en una Ley de Orden Público que no recoge los estándares internacionales. De llegarse a prorrogar, la CIJ considera que el nivel de conflictividad puede aumentar en una forma alarmante y que dicha violencia afectará principalmente a la población civil que en forma pacífica y legítima defiende sus derechos.
4. La CIJ considera que dado el nivel de tensión que existe y el número de efectivos militares y policiales, en cualquier momento puede iniciarse un conflicto de dimensiones muy negativas para las comunidades.
5. La CIJ lamenta que se esté acusando al dirigente comunitario Daniel Pascual y al diputado Amílcar Pop de ser los “instigadores” y “quienes provocan la violencia en el municipio”. Estas acusaciones infundadas, lejos de resolver el problema, abonan más elementos para que el conflicto crezca, se perpetúe y se desarrolle. Además, provoca una campaña de odio que afecta seriamente los derechos de estas dos personas, poniendo en riesgo su integridad física.
6. La CIJ considera que para resolver esta crisis, deberían tomarse como mínimo las siguientes medidas:
a) Que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y las autoridades de seguridad y justicia del Estado de Guatemala,inicien de manera inmediata una investigación objetiva e imparcial, que permita con la mayor rapidez posible, individualizar la responsabilidad de las personas involucradas en hechos de violencia y desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que vienen operando en la zona desde hace ya varios años;
b) Que se establezca una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, es decir entre la empresa privada que impulsa un mega proyecto y laconstrucción de una carretera en la región y los dirigentes comunitarios que se oponen a dicho proyecto, con la mediación internacional de un experto o experta de un organismo especializado como la Organización de los Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas. Una primer tarea de esta mesa sería establecer por consenso entre las partes, una agenda para el diálogo; las autoridades del Organismo Ejecutivo deberían ser parte de la mesa y no coordinar, ni moderar el diálogo;
c) Que no se prorrogue el estado de prevención, ya que la CIJ insiste en los peligros que pueden derivarse de la prórroga del estado de prevención.
