In Belarus the procedures regarding tenure, discipline and dismissal of judges do not comply with the principle of an independent judiciary. In fact, no respect at all for the Rule of Law is shown by the Belarussian Government.
Judges and prosecutors do not enjoy security of tenure and can be transferred without their consent by a decision of the Minister of Justice.
The ICJ has noted the ruling of the Magistrates’ Court in Gibraltar dated 8 August with regard to proceedings involving Chief Justice, Derek Schofield. These proceedings were observed by the ICJ.
La CIJ escribió hoy al Gobierno de Guatemala expresando su honda preocupación por las amenazas de muerte en contra del Fiscal Leopoldo Zeissig.
El Lic. Zeissig, quien consiguió que un tribunal guatemalteco condenara a miembros de las fuerzas armadas de Guatemala en un caso de homicidio, fue el segundo fiscal a cargo del caso que tuvo que abandonar el país.
La CIJ insta al Gobierno de Guatemala a que inmediatamente lleve a cabo una investigación independiente sobre estas amenazas de muerte y que juzgue a los responsables por este crimen.
La CIJ se permite recordar al Gobierno de Guatemala que conforme a las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función de los Fiscales de 1990 (Artículo 4), éste tiene el deber de proteger a los abogados de “…intimidación, trabas, hostigamiento o injerencias indebidas…” en el ejercicio de sus funciones. El Gobierno también debe garantizar que,
“Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones”. (Artículo 5)
Conforme a información independiente de la CIJ, el 8 de junio, el Lic. Zeissig logró que un tribunal guatemalteco profiriera sentencias condenatorias en contra de miembros del ejército guatemalteco por la muerte de Monseñor Juan Gerardi Conedera en abril de 1998.
Monseñor Gerardi, un defensor de derechos humanos, fue asesinado dos días despúes de haber dado a conocer el informe (Guatemala: Nunca más), sacando a la luz pública la participación del ejército en violaciones de los derechos humanos durante el conflicto interno Las sentencias de 30 años en prisión en contra del Coronel (ret.) Disrael Lima Estrada y su hijo Capitán Byron Lima constituyeron la primera vez en que miembros de las fuerzas armadas fueron declarados culpables por abusos en contra de los derechos humanos. Los condenados procedieron a apelar la sentencia.
The ICJ today wrote to the Government of Guatemala expressing deep concern about death threats made against public prosecutor Leopoldo Zeissig.
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