Aug 5, 2013 | Artículos, Noticias
La CIJ condena acciones de intimidación en contra del Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión y del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS).
El día jueves 1 de agosto, personas no identificadas ingresaron ilegalmente a las oficinas del Instituto DEMOS y a las oficinas del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Frank Larue.
Un día antes, en su columna de opinión el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz, Director de la Fundación contra el Terrorismo, escribió en contra del Sr. Larue, acusándolo falsamente de diferentes hechos criminales, supuestamente cometidos por él durante el conflicto armado interno.
Desde hace ya varios meses, en su calidad de Director de la Fundación contra el Terrorismo, el Sr. Méndez-Ruiz ha asumido una posición intimidatoria en contra de personas, organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos, misiones diplomáticas y dirigentes comunitarios, tratando así de afectar el trabajo que estas personas o instituciones realizan en favor de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
La Fundación contra el Terrorismo, representada por el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz anunció días atrás, diferentes acciones en contra de organizaciones no gubernamentales.
Es así como, en el mes de marzo del presente año, después de dicho anuncio, el Director de la Organización Centro para la Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y su asesor legal, sufrieron amenazas y serias intimidaciones.
Posteriormente, la organización Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) fue acusada en el mes de julio de diferentes falsedades en una publicación anónima, claramente con el objeto de intimidar al personal que lleva a cabo acciones a favor de las víctimas del conflicto armado interno.
Por último, el 1 de agosto, las oficinas del Instituto DEMOS y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión, también sufrieron un ingreso ilegal y sustracción de documentos.
La Comisión Internacional de Juristas, hondamente preocupada por estas amenazas, pide a las autoridades correspondientes del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, que lleven a cabo una investigación rigurosa, para determinar quién está detrás de todos estos hechos violentos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Dicha investigación debería extenderse en contra de la Fundación contra el Terrorismo y su Director Sr. Méndez-Ruiz, con el objeto de identificar posibles vínculos con los hechos mencionados, sobre todo tomando en cuenta el contenido de múltiples publicaciones realizadas por la Fundación contra el Terrorismo en los últimos meses.
Asimismo, pide al Estado de Guatemala que brinde garantías y protección a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones y dirigentes comunitarios que llevan a cabo actividades a favor del respeto de los derechos humanos.
Dichas garantías deberían extenderse al trabajo que realiza el Sr. Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas Sr. Frank Larue.
Foto: UN /Jean-Marc Ferré
Jul 29, 2013 | News
The ICJ is delighted to announce that three new Commissioners were elected in July: Ms Hina Jilani (Pakistan), Dr Jarna Petman (Finland) and Professor Olivier de Schutter (Belgium).
The new members of the ICJ Commission, who now begin five-year terms, are:
Ms Hina Jilani (Pakistan) is a human rights activist and an advocate of the Supreme Court of Pakistan. With her sister (and ICJ Honorary Member) Asma Jahangir, in 1980 she co-founded Pakistan’s first all-female legal aid practice, AGHS Legal Aid Cell (ALAC) in Lahore.
Dr Jarna Petman (Finland) is a Senior Lecturer (professor ad interim) in International Law at the University of Helsinki, and is Deputy Director of the University’s Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights. She is a Member of the European Committee of Social Rights of the Council of Europe, having been appointed to this position in 2009 for a five-year term.
Professor Olivier de Schutter (Belgium) is a legal academic and human rights expert. He was appointed UN Special Rapporteur on the Right to Food by the Human Rights Council in May 2008 and continues to serve in this position. Professor de Schutter teaches international human rights law, European Union law and legal theory at the Université Catholique de Louvain in Belgium, as well as at the College of Europe.
In the second of three ballots taking place in 2013, July also saw the re-election of Justice Michèle Rivet as Vice-President and the re-appointment of Ms Imrana Jalal and Ms Karinna Moskalanko to the Executive Committee.
Biographies for all our Commissioners can be found here
Jul 29, 2013 | News
The ICJ today called on the Egyptian authorities to put an end to its use of unlawful and lethal force as it pursues an excessive and violent crackdown on protesters.
The ICJ also called on the authorities to promptly, impartially and fully investigate the allegedly unlawful killings of more than 80 people who were reportedly fired on by security forces in a rally in Cairo in support of ousted President Mohamed Morsi on 27 July.
Large-scale rallies were held when the head of the armed forces, General Abdel Fattah El Sisi, called on citizens to grant the military a mandate to fight “terrorism and violence”.
The ICJ is also concerned at reports indicating that the government may be poised to grant arrest powers to the Egyptian Armed Forces.
“The Egyptian authorities must promptly, fully, and impartially investigate the actions of the security of forces, involving alleged unlawful killings and ill-treatment of protesters with a view to holding accountable those responsible,” said Wilder Tayler, ICJ Secretary General. “The authorities must also ensure that, in accordance with international law and standards, security officers exercise force only in a proportionate manner and may use lethal force only when strictly unavoidable to protect lives.”
Since the unlawful seizure of power by the Army and the ouster of President Morsi, more than 130 persons said to be supporters of the former President have reportedly been killed as a result of the unlawful and disproportionate use of force by security forces, including firing with live ammunition.
The ICJ is concerned that the ongoing attacks on protesters, and the impunity that continues to prevail over them, will further contribute to the deterioration of the rule of law and the human rights situation in Egypt.
To prevent such deterioration, the Egyptian Army must carry out its security functions so as to protect the enjoyment and legitimate exercise of human rights by all. It must also ensure a quick and steady transition of power to a legally constituted civilian authority.
Contact:
Said Benarbia, ICJ Senior Legal Adviser of the Middle East and North Africa Programme, tel: 41 22 979 38 17, e-mail: said.benarbia(a)icj.org
Photo by Samaa TV
Jul 27, 2013 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña.”
Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país,” añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato.
La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
Jul 27, 2013 | News
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña”. Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país”, añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato. La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
