ICJ publishes Uzbek translation of international and national fair trial standards guide

ICJ publishes Uzbek translation of international and national fair trial standards guide

Screen Shot 2013-07-15 at 2.55.49 PMToday, the ICJ published the Uzbek translation of its guide on international fair trial standards and criminal procedure in Uzbekistan.

The guide provides a systematic overview of the international and national legal frameworks relating to criminal procedure.

It compares international law and standards as well as jurisprudence developed by human rights bodies at the universal and regional level and national criminal legislation of Uzbekistan.

It further provides recommendations to practicing lawyers about providing a more effective defence of their clients in national courts and other instances.

This guide, first published in Russian, is the ICJ’s first publication translated into Uzbek, and it is the first such comparative study of domestic proceedings and international standards pertaining to fair trial.

Criminal Process in Uzbekistan (Full Text in PDF)

Acceso a la justicia: nuevo informe de la Comisión Internacional de Juristas sobre las empresas y los abusos contra los derechos humanos en el Perú

Acceso a la justicia: nuevo informe de la Comisión Internacional de Juristas sobre las empresas y los abusos contra los derechos humanos en el Perú

El informe revisa los recursos legales existentes en el país en virtud del derecho constitucional, derecho laboral, derecho civil y derecho penal, y examina la forma en que operan en la práctica a la luz de casos concretos.

Perú ha experimentado un rápido crecimiento económico y altos niveles de inversión extranjera durante más de una década, lo que ha llevado a importantes cambios sociales y económicos en el país.

Sin embargo, Perú no termina de adecuar su legislación y sus políticas al derecho y las normas internacionales en materia de derechos humanos y derechos laborales.

El acceso a la justicia, las vías jurídicas e institucionales para obtener un recurso y reparación en casos de abusos contra los derechos humanos cometidos con la participación de empresas, es una cuestión crítica en la que la legislación y las normas nacionales son deficientes.

Este informe, elaborado conjuntamente por la CIJ y el IDL-Perú, revela graves lagunas y deficiencias en el contenido de las leyes y su cumplimiento.

Si bien los recursos constitucionales parecen ser ampliamente utilizados, el derecho penal aún no se aplica a las empresas y los recursos legales civiles apenas son utilizados por los reclamantes.

Además, las enormes disparidades de poder y conocimiento existentes entre comunidades pobres o grupos indígenas y muchas veces corporaciones transnacionales en el sector minero o petrolero se traducen en serias deficiencias procesales que equivalen a negar el debido proceso y el juicio justo a muchas personas.

El informe recomienda una acción rápida de las autoridades peruanas y otros actores del país para mejorar la legislación, mejorar la independencia y la eficacia de las instituciones judiciales, impulsar la prestación de asistencia jurídica en todo el país y mejorar la educación jurídica, incluido en materia de derecho internacional.

Peru-Access to Justice-BHR-publications-report-2013-spa (informe en PDF)

Access to justice: new ICJ report on business and human rights abuses in Peru

Access to justice: new ICJ report on business and human rights abuses in Peru

The report (in Spanish) reviews the country’s existing legal remedies under constitutional law, labour law, civil law and criminal law, and examines the way they operate in practice in the light of concrete cases.

Perú has experienced rapid economic growth and high levels of foreign investment for over a decade leading to important social and economic changes in the country.

However, Peru does not finish to bring its legislation and policies into line with international law and standards in the area of human rights and labour rights.

Access to justice, legal and institutional avenues to obtain a remedy in cases of human rights abuses committed with the participation of companies, is one critical are where national law and standards are sorely lacking.

This report, elaborated jointly by the ICJ and the IDL-Peru, reveals serious gaps and deficiencies in the content of laws and their enforcement.

While constitutional remedies seem to be widely used, criminal law is still not applied to corporations and civil law remedies are hardly used by complainants.

In addition, huge disparities of power and knowledge existing between poor communities or indigenous groups and many times transnational corporations in the mining or oil domain translate into serious procedural deficiencies that amount o denial of due process and fair trial for many.

The report recommends swift action by Peruvian authorities and other actors in the country to improve legislation, enhance the independence and effectiveness of judicial institutes, boost legal aid delivery across the country and improve legal education, including international law.

Peru-Access to Justice-BHR-publications-report-2013-spa (Full text in pdf)

ICJ Annual Report 2012 now online!

ICJ Annual Report 2012 now online!

The ICJ issued today its Annual Report 2012 in a new format and design. It offers a concise summary of the work carried out by the ICJ over the last year.

This annual report does not contain an accounting of all the activities undertaken by the ICJ in 2012, the examples found in this report are emblematic of ICJ’s work and highlight some of the most important initiatives.

Download ICJ Annual Report 2012

Download ICJ Annual Report 2012 – Light version

 

La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer

La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer

La CIJ se preocupa de la situación de la administración de justicia, el alto grado de impunidad, los ataques contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos, como así también la falta de acceso a la justicia y reconocimiento de la justicia indígena.

Por ello, además de actividades investigativas, la CIJ realizó dos visitas en el transcurso de 2005 con el fin de evaluar estos temas. Tras sus visitas, y a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno, la CIJ pudo comprobar que la administración de justicia y el estado de derecho continúan siendo sumamente débiles.

El conflicto armado en el que estuvo sumida Guatemala por casi cuatro décadas produjo un debilitamiento institucional del que el país todavía no se ha recuperado. El fortalecimiento institucional estipulado en los Acuerdos de Paz ha sido parcial: si bien se han producido numerosos avances, por ejemplo en el abandono de las violaciones de derechos humanos como política estatal y de reducción del Ejército, persisten serias dificultades en lo referente a la activa protección de los derechos humanos por parte de la judicatura y a la investigación y enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos del pasado.

A lo largo del presente informe se detallan las serias debilidades estructurales y prácticas de la administración de justicia, debilidades que suponen violaciones al derecho a un juicio justo. Los procedimientos de selección, evaluación y destitución de jueces y magistrados, como así también la falta de estabilidad en el cargo y las condiciones de servicio, no garantizan su independencia e imparcialidad. Sobre estos temas, la CIJ formula una serie de recomendaciones, entre ellas ciertas reformas constitucionales, destinadas a garantizar la independencia del Organismo Judicial en su conjunto y de los jueces y magistrados individuales.

El aumento en el número de ataques contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos, y la consecuente falta de investigación exhaustiva sobre estos hechos delictivos, constituyen una seria manifestación del clima de impunidad con la que operan grupos clandestinos. Sobre este tema, la CIJ lamenta que la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) no se haya establecido e insta al Estado de Guatemala a emprender esfuerzos concretos para investigar y desarticular tales grupos.

Las debilidades que se observan en el Ministerio Público, tanto en términos de recursos humanos como materiales, impiden que tal órgano desempeñe sus funciones de manera eficaz. La falta de presencia en todo el territorio, como así también la deficiente formación en el procedimiento penal oral y la ausencia de procedimientos disciplinarios transparentes son algunos de los retos que debe asumir Guatemala para fortalecer la capacidad de acción de tan importante institución.

La CIJ pudo estudiar el actual proyecto de reforma de la justicia militar, mediante el cual se prevé la creación de un fuero personal para miembros en activo y retiro de las Fuerzas Armadas. La CIJ considera que este proyecto es contrario a las obligaciones de Guatemala bajo el derecho internacional y que debe ser modificado para que los tribunales militares sólo tengan competencia para juzgar militares por delitos estrictamente de naturaleza militar.

Asimismo, la CIJ pudo comprobar el uso abusivo del recurso de amparo con fines dilatorios, lo que lo transforma, principalmente en casos por violaciones de derechos humanos, en un mecanismo de impunidad. La CIJ estima que el actual proyecto de ley de reforma, si bien introduciría cambios en la dirección correcta para la protección y uso adecuado de este importante recurso, debe ser modificado para incorporar las disposiciones elaboradas por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, entre ellas las relativas al rechazo in limine de un recurso.

Los reiterados ataques contra defensores de derechos humanos, como así también la utilización de la justicia penal con el fin de restringir la protesta social y mediar en conflictos locales, representan una seria amenaza al estado de derecho en Guatemala. La CIJ pudo comprobar la falta de investigación exhaustiva de los ataques contra defensores en contraposición con la rapidez con que el Ministerio Público avanza los procesos contra líderes sociales y grupos que reclaman sus derechos.

La CIJ pudo observar con preocupación la falta de acceso a la justicia de amplios sectores de la población, principalmente los sectores más pobres. Al respecto, los esfuerzos del Gobierno deben redoblarse para garantizar el efectivo acceso a los tribunales de toda la población. Los pueblos indígenas tienen el derecho de establecer su propia jurisdicción dentro de las comunidades de acuerdo con las obligaciones de Guatemala bajo el Convenio 169 de la OIT. No obstante, las autoridades guatemaltecas no han tomado las

medidas necesarias para garantizar plenamente este derecho. En ese sentido, la CIJ estima que es necesario emprender una reforma legal que reconozca la aplicabilidad de la justicia indígena.

Guatemala-justice-fact-finding mission-2005-spa (full text, PDF)

Ver también: Guatemala : decisive action needed to create independent judiciary and fight impunity = Acciones decididas para crear una judicatura independiente y combatir la impunidad

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