Sep 14, 2017 | Events
At a side event to the OSCE Human Dimension Implementation Meeting 2017, the ICJ will review the latest developments on extraditions, expulsions and other forms of transfers of national security suspects in countries of the OSCE region.
The event will address the challenges of such international criminal cooperation for human rights protection.
The panel discussion is being held to launch a new ICJ report which analyses recent experience of national security transfers, and makes recommendations for change based on international human rights law and comparative experiences.
The event will take place in Warsaw Friday 15 September at 13:15 – 14:45 at Room no. 1 at the OSCE HDIM 2017.
Panelists:
- Dmitry Nurumov, ICJ consultant
- Massimo Frigo, ICJ Legal Adviser
- Irina Urumova, Independent Justice Reform Consultant
- Bruno Min, Legal and Policy Officer – Fair Trials International
- Johannes Heiler, Adviser on Anti-Terrorism Issues – ODIHR
Working language: English and Russian (simultaneous translation provided)
A flyer for this event is available in PDF format by clicking here.
For more information, contact massimo.frigo(a)icj.org and/or dina.iskaliyeva(a)icj.org
Sep 8, 2017 | News
Today, 8 September, the ICJ and the Supreme Judicial Council of the Republic of Uzbekistan (SJC) hold a joint International Seminar on Comparative Approaches to Selection, Appointment and Evaluation of Judges.
The seminar will address issues related to the institutions and procedures on appointment and selection of judges as well as assessment of judicial performance. International standards and national comparative examples will be discussed, including experiences of Uzbekistan, Austria, Germany, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and Serbia. The European and Central Asian perspectives will allow the participants to identify common challenges and find ways to address them.
A Press Release about the event is available to download:
In English, in Russian, or in Uzbek.
Sep 8, 2017 | Новости
Сегодня, 8 сентября, Международная комиссия юристов (МКЮ) и Высший судейский совет Республики Узбекистан (ВСС) проводят совместный Международный семинар на тему «Сравнительные подходы к отбору, назначению и оценке деятельности судей».
Семинар проходит при поддержке Европейского Союза (ЕС) в рамках проекта «Обучение и обмен в сфере международного права в целях совершенствования национальных систем правосудия в Центральной Азии». В мероприятии принимает участие Управление ООН по наркотикам и преступности.
Пресс-релиз о событии можно загрузить:
На английском, русском или узбекском языках.
Aug 31, 2017
Today, the ICJ intervened in the case Anatoliy Oleksiyovych Denisov v Ukraine, Application no. 76639/11.
In its submission, the ICJ provided the Court with an analysis in relation to:
(a) The role of court presidents in the self-governance of the courts and in maintaining judicial independence;
(b) International standards in relation to security of tenure of judges and court presidents;
(c) The importance of procedural safeguards, including under Article 6.1 ECHR, in decisions affecting the career and tenure of court presidents; and
(d) In light of international standards and principles, the extent to which a disciplinary measure such as removal from the position of president of a court may interfere with the right to respect for private life as protected by Article 8 ECHR.
The ICJ argued that court presidents, in many European jurisdictions, play an important role in the self-governance and impartiality of the judiciary.
Upholding the independence of the judiciary requires, inter alia, that court presidents should, in the discharge of these functions, enjoy independence from the executive, as well as from other powerful interests.
The intervener will argue that the nature of court presidents’ role has consequences for the application of Convention rights to measures affecting their judicial career, including removal from the role of court president, even in cases where they retain judicial office.
Ukraine-Denisov v Ukraine -Advocacy-legal submission-2017-ENG (full text in PDF)
Aug 17, 2017 | Editorial, Noticias
Un editorial de opinion de Karolina Babicka, Asesora legal, Programa Europa CIJ
En este momento, muchos niños en España se encuentran retenidos en centros de detención inmigrantes para adultos, a riesgo de ser expulsados a sus países de origen.
Otros niños migrantes están viviendo en las calles de Madrid y de otras ciudades españolas, algunos de ellos enfermos, y a otros no se les permite solicitar asilo.
Esto es así porque estos niños no son españoles y las autoridades españolas no les consideran menores de edad sino adultos.
En el marco de nuestras actividades de capacitación y creación de alianzas con abogados y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la defensa de los derechos de los niños migrantes en algunos países europeos, nuestra entidad colaboradora en España, Fundación Raíces, ha denunciado la difícil situación de la infancia migrante en España.
En 7 casos de niños migrantes en situación de elevada vulnerabilidad, Fundación Raíces y otras organizaciones españolas han solicitado al Comité de las Naciones Unidas de los Derechos de los Niños medidas provisionales, es decir, un mandato urgente a las Autoridades españolas, con el objetivo de evitar que estos niños sufran un daño irreparable.
En Estados que, como España, forman parte del Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, el Comité de Derechos del Niño tiene la capacidad para examinar comunicaciones individuales hechas por o referidas a un niño o un grupo de niños en las que se reclaman vulneraciones de sus derechos contenidos en la Convención.
A la espera de una decisión sobre el fondo, el Comité puede solicitar al Estado parte la implementación de medidas provisionales con el objetivo de evitar un posible daño irreparable a la víctima o víctimas de las supuestas violaciones.
Uno de los 7 casos mencionados se refiere a A.D., un menor de 17 años procedente de Malí que llegó a España en marzo de 2017.
Fue internado en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid, siendo considerado adulto por las Autoridades españolas, las cuales ignoraron la documentación original y oficial que A.M. recibió posteriormente de su país de origen.
El Comité de la ONU reaccionó rápidamente a las peticiones de estas organisationes y durante los últimos meses ha solicitado al gobierno de España la implementación de medidas provisionales en los 7 casos presentados.
Según el Derecho Internacional, el respeto a las medidas provisionales es fundamental para la protección de los Derechos Humanos. La legislación y jurisprudencia internacionales afirman que el no cumplimiento de tales medidas provisionales por parte de un Estado parte constituye una violación de sus obligaciones legales internacionales.
La naturaleza obligatoria de las medidas provisionales ha sido corroborada por el Comité de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en su Observación General Nº 33 sobre un Procedimiento de Comunicaciones Individuales.
Sin embargo, el gobierno español ha ignorado estas peticiones del Comité y no ha llevado a cabo las medidas provisionales solicitadas. El gobierno de España ha violado por tanto una obligación legal internacional a la que se había comprometido de manera voluntaria; poniendo así en riesgo el bienestar y la vida de muchos niños en situaciones de elevada vulnerabilidad.
La Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de los Niños obliga a los Estados a considerar el interés superior del menor por encima de cualquier otra cuestión. En cambio, las autoridades españolas afirman que en estos casos los individuos no son niños sino adultos.
Por si existiese algún tipo de duda, el derecho internacional afirma que los Estados deben dotar al individuo del beneficio de la duda y tratarle como un niño o una niña, hasta que efectivamente pueda probarse lo contrario.
Por su parte, el Tribunal Supremo de España ya ha expresado su preocupación por el procedimiento de determinación de la edad llevado a cabo por las Autoridades españolas en más de 10 sentencias, al igual que el Defensor del Pueblo español y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Recientemente, 6 organizaciones de la sociedad civil española (Amnistía Internacional, Fundación Raíces, el Consejo General de la Abogacía Española, el Servicio Jesuita a Migrantes, Noves Víes y Save the Children) han solicitando al gobierno español que cumpla de manera inmediata con las medidas provisionales solicitadas por el Comité del Niño en cada uno de los 7 casos.
La CIJ está formando a abogados de 7 países de la UE, incluida España, para la presentación de casos ante los mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, como el Comité de la ONU de los Derechos de los Niños, cuando no existe un remedio efectivo a nivel interno.
El respeto a las obligaciones internacionales y la protección de los derechos de los niños deberían constituir prioridades para cualquier Estado parte de la Convención de Derechos del Niño.
El gobierno español debe hacer lo propio e implementar inmediatamente las medidas provisionales solicitadas por el Comité de los Derechos del Niño.
Foto: Plan International
