Video: caso Nebaj, restitución de tierras en Guatemala

Video: caso Nebaj, restitución de tierras en Guatemala

Este caso afecta 14 comunidades que implican aproximadamente 15000 personas

 Este caso se inicia a nivel local en el Municipio de Nebaj, con la notificación por parte del Estado (Secretaria de Asuntos Agrarios y FONTIERRA[1]) a las 14 comunidades de la aldea Tzalbal, de que la tierra (33 caballerías) de la aldea Tzalbal[2] en el municipio de Nebaj, ya no era de ellos, ya que pasaron a nombre del Estado cuando ellos estaban refugiados en México o desplazados internos en las montañas en 1984. Este despojo de tierra afectaría a aproximadamente 15000 personas.

Ante esta información, las comunidades pidieron apoyo a la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), para determinar si esto era cierto. La CIJ llevó a cabo un estudio registral que confirmó la información: las tierras habían sido vendidas al Estado por medio de escritura pública firmada por el alcalde de esa época. Sin embargo, dicho acto no había contado con el aval de los “vecinos de Nebaj”. Por esa razón, la CIJ consideró que habían suficientes razones legales, para que la tierra fuese restituida por el Estado a las comunidades.

Reclamo a Nivel local: con el acompañamiento de la CIJ y el esfuerzo de las comunidades, se inicia un diálogo con el actual alcalde Municipal del municipio de Nebaj.[3] El Alcalde decide apoyar a las comunidades. El alcalde municipal y su Consejo Municipal aprueba un acuerdo municipal de restitución de tierras, lo cual fue muy significativo. Sin embargo, el Organismo Ejecutivo a nivel local no permite que la rstitución avance.

Reclamo a nivel Nacional: Con el acuerdo municipal de restitución de la tierra aprobado por el Consejo Municipal de la Alcaldía de Santa María de Nebaj y con el apoyo del Alcalde Municipal de dicho municipio, la CIJ acompaña a las comunidades, brindándoles asesoría legal; se inicia un reclamo administrativo al Estado (Organismo Ejecutivo representado por FONTIERRA y la Secretaría de Asuntos Agrarios), para lograr la restitución de la tierra por la vía administrativa.

Esto permitiría recuperar la tierra a nombre de la Alcaldía Municipal de Nebaj y sus vecinos, por la vía administrativa, sin necesidad de recurrir a la vía judicial por medio del recurso de amparo, que implicaría más tiempo. Se conforma una mesa de diálogo entre dichas instituciones estatales, las comunidades y el Consejo Municipal de Santa María de Nebaj.

A pesar de que el Gobierno de Guatemala, por medio de las dos instituciones estatales mencionadas, se compromete a aprobar un Acuerdo Gubernativo de restitución de tierras, cuyo texto fue aprobado en la mesa de diálogo, el Estado no cumple con su compromiso de aprobar dicho acuerdo y a finales del año 2014 se interrumpe el diálogo y las comunidades, conjuntamente con la CIJ, inician el estudio de la alternativa de acudir a la vía judicial por medio del recurso de amparo, para lograr la restitución de la tierra por la vía judicial.

La oficina de la CIJ en Centroamérica dará apoyo legal a las comunidades, para reclamar por la vía judicial la restitución de la tierra que les fue despojada durante la guerra. La elaboración de dicho reclamo legal, se hará tomando en cuenta que si los tribunales nacionales no aceptan el reclamo judicial, se acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.[4]

Para el efecto, la CIJ organizó una visita a Tzalbal, en la que participó Olivier van Bogaert, Diretor de medios de comunicación de la CIJ en Ginebra, el abogado mexicano José Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Director de la CIJ para Centroamérica.

La Asamblea Comunitaria contó con la participación del señor Alcalde Municipal Pedro Raymundo Cobo.

Esta visita se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2015. También participó la abogada guatemalteca Martha García, quien llevó a cabo el estudio registral sobre la tierra de Tzalbal.

El Director de Medios y comunicación de la CIJ pudo llevar a cabo varias entrevistas y realizó un video acerca de este caso.

Actualmente, se está preparando el recurso de amparo, para lograr la restitución de la tierra por la vía judicial.


[1]Fondo Nacional de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios fueron creados a raíz de los acuerdos de paz, para resolver la conflictividad agraria. Sin embargo, se han apartado de sus objetivos originales y muchas veces presionan a las comunidades para resolver la conflictividad agraria por medio de engaños y represión.

[2] Tzalbal fue uno de los centros de operación del Plan Sofía en 1982. Arrasada por el Ejército en los años ochentas. En la región se sufrió el Genocidio Ixil. Las masacres se iniciaron en 1981 y tuvieron que desplazarse internamente o buscar refugio en México.

[3] Nebaj es un municipio al occidente del país, compuesto principalmente por población maya-Ixil. Sufrieron durante la guerra el genocidio Ixil y parte de sus tierras están registradas en forma comunitaria como Éjido Municipal de Nebaj, propiedad de la Municipalidad y vecinos.

[4] Es importante hacer ver que existen dos casos similares (Aguas Tingny vrs. Nicaragua y Yake Axa vrs. Paraguay), en el cual la Corte Interamericana falló a favor de las comunidades, quienes habían sido despojadas de la tierra.

Caso Nebaj en video:

 

 

Se intensifican los ataques de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala en contra de los abogados defensores de los derechos humanos

Se intensifican los ataques de la Fundación contra el Terrorismo en Guatemala en contra de los abogados defensores de los derechos humanos

La CIJ expresa su preocupación frente a una nueva denuncia abusiva de la Fundación contra el Terrorismo, esta vez contra el Director de la CIJ para Centroamérica y un consultor que contribuye con el Bufete de Derechos Humanos, y contra el Director de Centro de Acción Legal, Ambiental y Social.

Esta denuncia se suma a otras en contra de abogados y abogadas de Guatemala. A través de querellas y acusaciones falsas, esta Fundación pretende afectar la función que estos profesionales cumplen como defensores de los derechos humanos.

Estas denuncias falsas son parte de una campaña iniciada hace más de un año y que ha querido afectar a más de cien personas, a quienes la Fundación contra el Terrorismo ha calificado como terroristas y guerrilleros (as), sin aportar pruebas.

Efectivamente se han presentado denuncias contra funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público, como la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz y la actual Fiscal General Thelma Aldana, el Fiscal de Derechos Humanos o en contra de jueces y juezas del Organismo Judicial que ejercen su función en forma independiente, promoviendo un discurso de odio en contra de estas personas que actúan como defensores y defensoras de derechos humanos.

Ante esto hechos, la CIJ demanda:

  • Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, inicie una investigación exhaustiva e imparcial acerca de las actividades que realiza la Fundación contra el Terrorismo sobre todo, que investigue el origen de aquellas actividades que dirige en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos;
  • Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, brinde la protección debida a defensores y defensoras de derechos humanos;
  • Que una vez finalizada la investigación el Estado de Guatemala, a través de las autoridades y mecanismos correspondientes, adopte las medidas necesarias de acuerdo a derecho con respecto a la Fundación contra el Terrorismo y su Director, por llevar a cabo campañas de odio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
La CIJ urge al Estado de Guatemala a detener criminalización de la protesta social

La CIJ urge al Estado de Guatemala a detener criminalización de la protesta social

Desde el año 2004, la CIJ ha señalado casos en los que el Estado de Guatemala dirige su poder punitivo en contra de defensores y defensoras de derechos humanos por su asociacion a actos pacíficos en defensa de los recursos naturales de distintas comunidades en el país.

Ante esta práctica, que socava el derecho a defender los derechos humanos, la CIJ expresa:

1. La criminalización de la protesta social se ha convertido en un fenómeno recurrente en Guatemala, en la que el Derecho Penal es utilizado como instrumento de represión y deslegitimación de la labor que las y los defensores de derechos humanos llevan a cabo en el país.

2. Especial preocupación causan las detenciones arbitrarias de las que son objeto defensores y defensoras de derechos humanos, que trabajan en áreas de alta conflictividad social y se vinculan a la protección de los recursos naturales, territorios o derechos de los Pueblos Indígenas. En algunos casos, el Estado de Guatemala ha optado por la suspensión de las garantías constitucionales en esas regiones, decretando estados de prevención o de sitio.

3. Con el objeto de conocer el impacto de esta práctica, la eurodiputada Marina Albiol, visitó Guatemala del 2 al 5 de noviembre del presente año. En dicha ocasión, la CIJ acompañó a su delegación en una visita in situ a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, para entrevistarse con defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como para sostener reuniones con funcionarios de gobierno y movimientos sociales.

4. La delegación constató que frecuentemente las y los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, son sometidos a procesos penales injustos, práctica que consituye una herramienta para el acoso a dichas personas.

5. La delegación pudo constatar el caso de las detenciones arbitrarias de Ermitaño Bernardo López , Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, Francisco Pedro (Chico Palas), Adalberto Villatoro (Don Tello), Arturo Pablo Juan,Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, todos ellos del Departamento de Huehuetenango; en los dos últimos casos mencionados, se ha dictado sentencia absolutoria, pero ambos continúan detenidos. Todos han padecido su privación de libertad , en la cárcel de Huehuetenango o en la prisión de la zona 18 de Guatemala, bajo condiciones extremadamente difíciles. Los anteriores no son los únicos, ya que junto a ellos se encuentran detenidas arbitrariamente otras defensoras y defensores de derechos humanos del departamento de Huehuetenango y de otros departamentos.

6. Asímismo preocupa la detención de Mauro Vay, dirigente y defensor de derechos humanos de la organización CODECA, quien se encuentra bajo medida sustitutiva, pero con restricciones que han afectado su derecho al trabajo y libertad de movimiento, durante todo el año 2015 en el departamento de Suchitepéquez.

7. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que la protesta social pacífica, es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, esencial para la crítica política y social de los gobiernos. En tal sentido, los Estados están obligados a asegurar que ningún defensor o defensora de los derechos humanos sea impedido de reunirse y manifestarse públicamente en forma pacífica.

Ante estos hechos, Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ expresó: “Urgimos a las autoridades del Estado de Guatemala a detener la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias que este fenómeno conlleva. Amendrentar y obstaculizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos constituye de por sí, una violación del derecho de las garantías individuales”.

Guatemala: la CIJ profundamente preocupada por la impunidad en la que prevalece el caso Siekavizza

Guatemala: la CIJ profundamente preocupada por la impunidad en la que prevalece el caso Siekavizza

La CIJ demanda a las autoridades guatemaltecas terminar con la impunidad que rodea el caso Siekavizza.

La CIJ ante la impunidad prevaleciente en el caso Siekavizza expresa:

El llamado “caso Siekavizza” constituye un caso paradigmático de femicidio supuestamente cometido por el esposo de la víctima Cristina Siekavizza, el 16 de julio de 2011. El cuerpo de la víctima no ha aparecido hasta ahora.

  • Por las circunstancias que rodean este caso la CIJ ha solicitado reiteradamente que éste sea conocido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); no solo porque el principal sospechoso es hijo de una ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, sino porque existen elementos suficientes para considerar que puede haber existido una conjura criminal para mantener el caso en la impunidad.
  • Desde que se dieron los hechos tan deplorables, el Sistema de Justicia de Guatemala mostró ineficiencia y falta de voluntad política para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia al o a los supuestos responsables.  Las autoridades estatales no adoptaron las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación eficiente y rápida.
  • Lo anterior permitió que se afectara la escena del crimen y que el presunto responsable se refugiara en otro país y escapara a la justicia.
  • Los cuatro años de impunidad que lleva el caso, han provocado un profundo pesar a los familiares de Cristina Siekavizza a quienes en su momento, el Estado deberá resarcir los daños causados.
  • Este es tan solo uno de los miles de casos criminales que se mantienen en la impunidad frente a la pasividad de las autoridades correspondientes. En general la justicia en Guatemala sigue seriamente afectada por altos índices de impunidad.

Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza expresó: “Seguiremos observando el desarrollo de este caso; hacemos un enérgico llamado a todos los operadores de justicia involucrados, para que pongan el más riguroso empeño para permitir esclarecer un crimen tan grave. La impunidad que rodea el caso debe superarse cuanto antes.”

Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho – Nuevo informe de la CIJ

Venezuela: el ocaso del Estado de Derecho – Nuevo informe de la CIJ

Hoy, la CIJ hizo público su informe Venezuela: El ocaso del Estado de Derecho.

Este informe es el resultado del seguimiento que la CIJ viene haciendo desde hace varios años sobre la situación del Poder judicial y de los derechos humanos en Venezuela, así como de la Misión in situ liderada por Alejandro Salinas, realizada en agosto de 2015.

Desde su anterior Informe, Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela (2014), la CIJ ha constatado una vertiginosa degradación de la situación de los Derechos Humanos, un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y la total erosión del Estado de Derecho en Venezuela.

“Hay un claro divorcio entre el deber ser establecido en la Constitución y los compromisos internacionales y por otro lado lo que se refleja en la realidad,” dijo Alejandro Salinas, el autor del informe.

“Esta situación ya observada en años anteriores, se ve agravada por una serie de medidas del Gobierno venezolano que han significado ceder soberanía en favor de organizaciones criminales,” añadió.

En las últimas semanas, la CIJ ha constatado una acelerada escalada de los ataques contra los defensores de derechos humanos y toda forma de oposición social y política.

“La situación en Venezuela es, sin lugar a duda, configura una grave y persistente crisis de los derechos humanos, la democracia y del Estado de Derecho. La Comunidad internacional está en mora y debe reaccionar bajo del derecho internacional,” dijo Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ.

La CIJ ha visto agravada la situación de la falta de independencia de la justicia en general, en virtud no sólo de la falta de independencia del Poder Judicial dada la inexistencia de estabilidad de la gran mayoría de los jueces y de la casi totalidad de los fiscales del Ministerio Público; así como también, la falta de garantías para el ejercicio de los defensores de derechos humanos y en algunos casos de la profesión de abogado.

En este sentido, la CIJ manifiesta su preocupación frente las consecuencias representadas en los altísimos niveles de impunidad judicial en los casos de violaciones de derechos humanos y de las víctimas de delitos comunes en general, lo cual contrasta con la inusual prontitud con la que se abren juicios, se dictan medidas cautelares restrictivas y se condenan a miembros activos de la sociedad civil, líderes sociales y a opositores políticos.

Entre los casos que más representativos de esta situación se encuentran, entre otros, la reapertura del juicio penal contra la jueza María Lourdes Afiuni; la detención preventiva para someter a juicio al abogado Tadeo Arrieche; la orden de captura contra los miembros directivos y de los consejos editoriales de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La Patilla”; y la condena de Leopoldo López a casi 14 años de prisión.

Finalmente, la CIJ desea llamar la atención sobre la gravedad que significa que desde el mes de agosto del presente año 2015, 23 municipios en Venezuela hayan estado siendo sometidos a estados de excepción con la restricción de varios de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin que estén claramente cumplidos los requisitos internacionales como la gravedad de la situación que no pueda ser enfrentada con los poderes ordinarios del estado, la estricta necesidad y proporcionalidad de las medidas.

Es de gran preocupación para la CIJ las medidas arbitrarias tomadas contra nacionales colombianos que han sido deportados masivamente, incluidos menores de edad; y además, que estando por darse inicio a la campaña política para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, se hayan restringido – sin justificación – los derechos de reunión pública y de manifestación pacífica, por el efecto restrictivo que ello implica para el ejercicio libre de los derechos políticos en una sociedad democrática.

Contact:

Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ, t: +41 22 979 3825 ; e: wilder.tayler(a)icj.org

Alejandro Salinas, autor del informe, e: alejandro.salinasrivera(a)gmail.com

Venezuela-OcasoEstadoDerecho-Publications-Reports-2015-SPA (Informe en PDF)

 

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