Sep 30, 2020 | Noticias
Venezuela está sufriendo una crisis humanitaria y de derechos humanos sin precedentes que se ha profundizado debido a la negligencia del gobierno autoritario y la ruptura del estado de derecho en el país.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha estimado que alrededor de 5.2 millones de venezolanos han dejado el país, llegando la mayoría como refugiados e inmigrantes a países vecinos.
En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) calificó esta situación de los derechos humanos como “una espiral descendente que no parece tener fin“.
La situación del derecho a la salud en Venezuela y su sistema de salud pública mostraron problemas estructurales antes de la pandemia, y la Alta Comisionada la describió como una “dramática crisis sanitaria y (…) un completo colapso del sistema de atención sanitaria”.
Recientemente, la ACNUDH presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos que mencionó, entre otras cuestiones, los ataques a los derechos de los pueblos indígenas en el Arco Minero del Orinoco (AMO).
Los derechos de los pueblos indígenas y los proyectos mineros en el AMO antes de la pandemia de la COVID-19
Los pueblos indígenas han sido tradicionalmente olvidados por las autoridades gubernamentales venezolanas y condenados a vivir en la pobreza.
Durante la crisis humanitaria han sufrido nuevos abusos debido a la actividad minera y a la violencia que ocurre en sus territorios.
En 2016, el gobierno venezolano creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco a través del Decreto presidencial No. 2248, como un proyecto de megaminería enfocado, principalmente, en la extracción de oro en un área de 111.843.700 kilómetros cuadrados.
El AMO se ubica al sur del río Orinoco en los territorios amazónicos de Venezuela y abarca tres estados: Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Es el hábitat de varios grupos étnicos indígenas a los que no se les consultó de manera adecuada antes de la implementación del proyecto.
El derecho a la tierra de los pueblos indígenas está reconocido en la Constitución de Venezuela. Sin embargo, como reportó la ONG Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA), las autoridades no han mostrado avances en la demarcación y protección de los territorios indígenas desde 2016.
Varias organizaciones indígenas y otros movimientos sociales han expresado su preocupación y rechazo al proyecto del AMO.
La implementación de este proyecto ha impactado de manera negativa los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud y un medio ambiente seguro, saludable y sostenible.
Human Rights Watch, Business and Human Rights Resource Center, organizaciones no gubernamentales locales, movimientos sociales y la ACNUDH, han documentado la destrucción de la tierra y la contaminación de los ríos debido a la deforestación y la actividad minera, que también está contribuyendo al aumento del paludismo y otras enfermedades.
Las mujeres y los niños indígenas están entre los más afectados. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha reportado que “[l]os pueblos indígenas que viven en la zona fronteriza de Venezuela son sumamente vulnerables a las enfermedades epidémicas”, y ha planteado una preocupación especial sobre el pueblo Warao (que vive en la frontera entre Venezuela y Guyana), y el pueblo Yanomami (que vive en la frontera entre Venezuela y Brasil).
Las mujeres y los niños también corren grandes riesgos de explotación sexual, laboral y violencia de género en el contexto de las actividades mineras. El reciente informe de la Alta Comisionada menciona que desde 2016 hay un fuerte incremento “en prostitución, explotación sexual y tráfico en áreas mineras, incluyendo a niñas adolescentes”.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han determinado una tendencia entre los adolescentes a abandonar la escuela, en particular entre los 13 y los 17 años. Los adolescentes indígenas se ven gravemente afectados, ya que muchos niños se van a trabajar en las minas.
La violencia y la delincuencia también han aumentado en el AMO. Organizaciones criminales y grupos guerrilleros y paramilitares están presentes en la zona, y el gobierno venezolano ha ampliado su presencia militar.
Los dirigentes indígenas y los defensores de derechos humanos han sido objeto de ataques y amenazas; además, persisten las denuncias de casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias.
Situación actual de la pandemia de COVID-19
La pandemia por COVID-19 y la falta de una respuesta adecuada han agravado la situación.
El Gobierno declaró el estado de emergencia (estado de alarma) el 13 de marzo y estableció un confinamiento obligatorio y medidas de distanciamiento social. Sin embargo, las actividades mineras han continuado sin protocolos sanitarios adecuados para prevenir la propagación de la pandemia.
El estado Bolívar, el más grande del país y que está ubicado en el Arco Minero del Orinoco, tiene entre el mayor número de casos confirmados de COVID-19 que incluye a miembros de pueblos indígenas.
La respuesta de las autoridades venezolanas a la pandemia en estos territorios no ha considerado medidas culturalmente apropiadas para las poblaciones indígenas.
Adicionalmente, aunque las autoridades establecieron un grupo de hospitales e instalaciones médicas llamados “hospitales centinela” para atender a personas con síntomas de COVID-19, estos se encuentran en las ciudades y las comunidades indígenas viven lejos de ellas.
Además, la falta de gasolina en el país agrava los obstáculos para trasladarse fácilmente a estos centros.
Las organizaciones de la sociedad civil y los líderes indígenas se quejan de la falta de pruebas de COVID-19 y de la manipulación de los datos que dan cuenta de cuál es la situación real de la pandemia.
Además, la ACNUDH reportó la detención arbitraria de por lo menos tres profesionales de la salud por denunciar la falta de equipo básico y por proporcionar información sobre la situación de COVID-19, y destacó que hay “restricciones al espacio cívico y democrático, incluso bajo el “estado de alarma” decretado en respuesta a la pandemia COVID-19″.
Para leer el artículo completo: Venezuela-COVID19 indigenous-News Feature articles-2020-SPA
Sep 30, 2020 | Feature articles, News
Venezuela is suffering from an unprecedented human rights and humanitarian crisis that has deepened due to the dereliction by the authoritarian government and the breakdown of the rule of law in the country.
The International Organization for Migration (IOM) has estimated that some 5.2 million Venezuelans have left the country, most arriving as refugees and migrants in neighbouring countries.
The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in 2018 had categorized this situation of human rights, as “a downward spiral with no end in sight”.
The situation of the right to health in Venezuela and its public health system showed structural problems before the pandemic and was described as a “dramatic health crisis (…) consequence of the collapse of the Venezuelan health care system” by the High Commissioner.
Recently, the OHCHR submitted a report to the Human Rights Council, in which it addressed, among other things the attacks on indigenous peoples’ rights in the Arco Minero del Orinoco (Orinoco’s Mining Arc or AMO).
Indigenous peoples’ rights and the AMO mining projects before the covid-19 pandemic
Indigenous peoples have been traditionally forgotten by government authorities in Venezuela and condemned to live in poverty. During the humanitarian crisis, they have suffered further abuses due to the mining activity and the violence occurring in their territories.
In 2016, the Venezuelan government created the Orinoco’s Mining Arc National Strategic Development Zone through presidential Decree No. 2248, as a mega-mining project focused mainly in gold extraction in an area of 111.843,70 square kilometres.
It is located at the south of the Orinoco river in the Amazonian territories of Venezuela and covers three states: Amazonas, Bolívar and Delta Amacuro.
It is the habitat for several indigenous ethnic groups[1] who were not properly consulted before the implementation of the project.
The right to land of indigenous peoples is recognized in the Venezuelan Constitution. Yet, as reported by local NGO Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (PROVEA), the authorities have shown no progress in the demarcation and protection of indigenous territories since 2016.
Several indigenous organizations and other social movements have expressed concern and rejected the AMO project.
The implementation of this project has negatively impacted indigenous peoples’ rights to life, health and a safe, healthy and sustainable environment. Human Rights Watch, Business and Human Rights Resource Center, local NGO’s, social movements and the OHCHR, have documented the destruction of the land and the contamination of rivers due to the deforestation and mining activity, which is also contributing to the growth of Malaria and other diseases.
Indigenous women and children are among the most affected. The Pan-American Health Organization (PAHO) has reported that “the indigenous populations living in border areas of Venezuela are highly vulnerable to epidemic-prone diseases”, and it raised a special concern about the Warao people (Venezuela and Guyana border) and Yanomami people (Venezuela and Brazil border).
Women and children also face higher risks of sexual and labour exploitation and of gender-based violence in the context of mining activities.
The High Commissioner’s recent report mentions that there is “a sharp increase since 2016 in prostitution, sexual exploitation and trafficking in mining areas, including of adolescent girls.”
In addition, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) have identified a trend among adolescents of dropping out of school particularly between the ages of 13 and 17. Indigenous individuals are acutely affected, as many children leave to become workers at the mines.
Violence and crime have also increased in the AMO. Criminal organizations and guerrilla and paramilitary groups are present in the zone, and the Venezuelan government has expanded its military presence. Indigenous leaders and human rights defenders have been targets of attacks and threats; and there is a persistence of allegations of cases of enforced disappearances and extrajudicial and arbitrary killings.
Current situation under COVID-19 pandemic
The COVID-19 pandemic and the lack of adequate response to it has aggravated this situation.
The government declared a state of emergency (estado de alarma) on 13 March and established a mandatory lockdown and social distancing measures. Yet mining activities have continued without adequate sanitary protocols to prevent the spread of the pandemic.
The State of Bolívar -the largest state of the country which is located in the Orinoco Mining Arc- has among the highest numbers of confirmed cases of COVID-19 which have included indigenous peoples.
The Venezuelan authorities’ response to the pandemic in these territories has not considered culturally appropriate measures for them. In addition, although authorities established a group of hospitals and medical facilities called “sentinel centres” to attend persons with COVID-19 symptoms, they are located in cities while indigenous communities live far from cities.
Furthermore, the lack of petrol in the country aggravates the obstacles to easy transportation to these centres.
Civil society organizations and indigenous leaders complain about the lack of COVID-19 tests and the data manipulation of the real situation of the pandemic. Also, the OHCHR reported the arbitrary arrest of at least three health professionals for denouncing the lack of basic equipment and for providing information about the situation of COVID-19, and stressed that there are “restrictions to civic and democratic space, including under the “state of alarm” decreed in response to the COVID-19 pandemic.”
[1] At least Kari’ña, Warao, Arawak, Pemón, Ye’kwana, Sanemá o Hotï, Eñe’pa, Panare, Wánai, Mapoyo, Piaroa and Hiwi.
Download
Venezuela-COVID19 indigenous-News Feature articles-2020-ENG (full article with additional information, in PDF)
Sep 8, 2020 | Noticias
Jueces de seis países latinoamericanos constataron que existían serios obstáculos, pero también posibilidades de justicia, que enfrentan los poderes judiciales de la región en su trabajo de protección de los derechos humanos de quienes han sido afectados negativamente por la actividad de las entidades empresariales.
Los jueces debatieron en el contexto del Diálogo Judicial Regional sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por la CIJ el 7 de septiembre.
El Diálogo, moderado por la profesora Mónica Pinto, comisionada de la CIJ, reunió a 17 jueces de Centro y Sudamérica para considerar el papel de los jueces en la garantía del derecho de acceso a la justicia y reparación. Los jueces también consideraron la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial y la seguridad de los jueces, abogados y defensores de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales en la región.
La sesión contó con presentaciones de un miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Diálogo se desarrolló en el marco del V Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe que tuvo ligar entre el 7 y 11 de Setiembre 2020 de forma virtual.
En el debate sobre el acceso a la justicia y la reparación, los jueces compartieron experiencias y jurisprudencia en casos relacionados con delitos graves, incluidos los de lesa humanidad, cometidos durante el régimen militar argentino, así como casos de corrupción y malversación graves en Guatemala.
En Argentina, en un caso relativo al secuestro y tortura en 1976 de 24 trabajadores empleados por la rama local de la empresa Ford Motor en su fábrica de Buenos Aires durante la dictadura militar de 1976-83, un Tribunal Federal de Primera Instancia oral en lo penal condenó a tres personas, un ex militar y dos ex ejecutivos de Ford a prisión de entre 10 y 12 años, por su participación cómplice en los delitos.
Ex ejecutivos de Ford fueron acusados de brindar información detallada y apoyo logístico a agentes de seguridad que derivaron en el secuestro y tortura de las víctimas, y también permitieron que se instalara un centro de detención dentro de las instalaciones de dicha fábrica. Los tres magistrados del Tribunal en este caso asistieron a la reunión para compartir las lecciones aprendidas y reflexiones sobre la trascendencia del proceso penal en el contexto de los esfuerzos por hacer justicia y reparar los crímenes del pasado.
El proceso y la sentencia definitiva es un hito en la lucha contra la impunidad en Argentina y un mensaje importante a todos para que estos crímenes no se vuelvan a cometer. El caso esclareció las formas en que los particulares (ex ejecutivos de la empresa) participaron en la comisión de los delitos por parte de agentes del Estado (militares y agentes de seguridad), profundizando en las modalidades de atribución de los hechos a los autores accesorios.
También fue una innovación en la forma en que recopiló y evaluó el valor probatorio de las pruebas disponibles de los delitos cometidos hace más de 30 años para que aún pudieran atribuirse a los perpetradores.
La reparación ordenada por el Tribunal en este caso fue “simbólica e histórica”, consistente en el reconocimiento de los hechos por parte del Estado y de los actores privados. Las víctimas pueden exigir ahora otras formas de reparación al Estado, pero no a las personas. La empresa como tal no formó parte del proceso penal ni fue sancionada en sentencia firme, ya que la ley argentina no acepta la responsabilidad penal de las personas jurídicas como las corporaciones.
Un juez participante de un Tribunal de Alto Riesgo en Guatemala compartió un caso sobre delitos económicos de corrupción, fraude, asociación ilícita y lavado de activos en una ciudad provincial de Guatemala. Aquí, la experiencia y los resultados fueron algo diferentes. El caso involucró al alcalde de la ciudad y varios de sus familiares, así como a unas 20 empresas de las cuales casi 20 personas y siete empresas recibieron sanciones en la sentencia final.
El caso es de especial importancia en Guatemala como uno de los pocos casos de corrupción a gran escala que ha llegado a su etapa final con condenas. En la investigación y recolección de pruebas consideradas durante el juicio, participaron varias oficinas públicas y la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ya no funciona. Gracias a las recientes leyes sobre corrupción y blanqueo de capitales, es posible imponer sanciones a la empresa, en tanto persona jurídica.
En el presente caso, dichas sanciones consistieron en multas pecuniarias, pero no en la suspensión o disolución de la persona jurídica para permitir que prosigan otros procesos administrativos contra las mismas empresas. De acuerdo con las leyes nacionales y los estándares internacionales, los jueces ordenaron la reparación integral, incluyendo los daños, medidas de satisfacción como declaraciones públicas de disculpas y publicaciones a realizar por los condenados.
Citando una constatación gráfica contenida en la sentencia final, el juez Pablo Xitumul, quien presidió el Tribunal, dijo que “la corrupción y la impunidad son aún más letales que un cáncer o una pandemia, ¡y deben combatirse sin demoras ni excusas!”.
Para leer el artículo completo: Americas-Judges and BHR-News-Feature article-2020-SPA
Sep 8, 2020 | Feature articles, News
Judges from six Latin American countries revealed that there were serious obstacles, but also possibilities for justice, facing regional judiciaries as they try to protect the human rights of those who have been adversely affected by the activity of business entities.
The judges gathered as part of the Regional Judicial Dialogue on Business and Human Rights organized by the ICJ of Jurists on September 7.
The Dialogue, moderated by ICJ Commissioner Professor Monica Pinto, brought together 17 judges from Central and South America to consider the role of judges in guaranteeing the right of access to justice and remedy and reparation. The judges also considered the need to guarantee the independence of the judiciary and the security of individual judges, lawyers, and human rights defenders in the context of business activities in the region.
The session featured presentations from a member of the UN Working Group on Business and Human Rights and the Office of the UN High Commissioner for Human Rights. The Dialogue took place in the context of the 5th Regional Forum on Business and Human Rights for Latin America and the Caribbean.
Discussing access to justice and remedy and reparation, the judges shared experiences and jurisprudence in cases related to serious crimes, including against humanity committed during the Argentine military regime, as well as cases of serious corruption and embezzlement in Guatemala.
In Argentina, in a case concerning the 1976 kidnapping and torture of 24 workers employed by the local Ford Motor company at their factory in Buenos Aires during the 1976-83 military dictatorship, a Federal Trial Tribunal sentenced three persons, a former military officer and two former Ford executives to prison of between 10 and 12 years, for their complicit involvement in the crimes.
Former Ford executives were accused of providing detailed information and logistical support to security agents that led to the abduction and torture of the victims, and also allowed a detention centre to be set up inside the premises of that factory.
The three judges of the Tribunal in this case attended the meeting to share the lessons learned and the significance of the criminal proceedings in the context of efforts to bring justice and reparations for the crimes of the past.
The process and the final sentence is a landmark in the fight against impunity in Argentina and an important message to all so that these crimes are not committed again. The case clarified the ways in which private individuals (the former company executives) participated in the commission of the crimes by State agents (military and security agents), elaborating upon modalities of attribution of the acts to the accessory perpetrators.
It is also an innovation in the ways it gathered and assessed the probatory value of the available evidence of crimes committed more than 30 years ago so that the crimes could still be attributed to the perpetrators.
The reparation ordered by the Tribunal in this case was “symbolic and historical”, consisting on an acknowledgment of the facts by the State and the private actors. The victims may demand now other forms of reparation from the State, but not from individuals.
The company as such was not part of the criminal proceedings nor was it sanctioned in the final sentence, since Argentinian law does not accept the criminal responsibility of legal entities such as corporations.
A participant judge from Guatemala shared a case concerning economic crimes of corruption, fraud, illicit association and assets laundering in a provincial town in Guatemala. Here, the experience and outcomes were somewhat different.
The case involved the town major and several of his relatives as well as some 20 companies out of which nearly 20 individuals and seven companies received penalties in the final sentence.
The case is of special significance in Guatemala as one of the few, large scale, corruption cases that has reached its final stage with convictions. In the investigation and collection of evidence considered during the trial, participated several public offices and the then International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), which is no longer in operation.
Thanks to recent laws on corruption and money laundering, it is possible to impose sanctions on the company, as a legal entity. In the instant case, those sanctions consisted of monetary fines but not suspension or dissolution of the legal entity to allow other administrative proceedings against the same companies to continue.
In accordance with national laws and international standards, the judges ordered full reparation, including for damages, measures of satisfaction such as public statements of apologies and publications to be made by the convicted.
Citing a graphic statement contained in the final sentence, the judge Pablo Xitumul who presided the Tribunal said “corruption and impunity are even more lethal than a cancer or a pandemic, and should be combated without delay or excuses!”
Read the full story here: Americas-Judges and BHR-News-Feature article-2020-ENG
Aug 27, 2020 | Advocacy, News
The ICJ, in collaboration with the Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC), convened a virtual Asset Recovery Training Workshop from 18-26 August. The training was part of the ICJ efforts to advance the rule of law in Zimbabwe.
The training was held with investigators from ZACC. It was led by Dr Prosper Maguchu, a legal expert on human rights and financial crimes.
The objective of the training was to enhance the capacity of ZACC investigators to conduct financial investigations and apply asset tracing techniques in relation to corruption and money laundering cases.
Over the past 50 years, it is estimated that Africa has lost in excess of one trillion US dollars in illicit financial flows (IFFs) with claims that this is roughly equivalent to all of the official development assistance received by the continent during the same timeframe.
Zimbabwe is not immune to this challenge of IFFs.
ZACC chairperson Justice Loice Matanda-Moyo remarked that financial crimes and illicit financial flows had become a serious threat the Zimbabwe economy and beyond our borders. She pointed to the prevalence of tax evasion, smuggling, corruption, fraud, drug trafficking and money laundering and noted that ill-gotten proceeds involving money were moving across borders. In such instances it is a daunting task for investigators and asset recovery officers to follow the money trails and recover proceeds of crime. She noted that the virtual asset recovery workshop was an opportune moment time to enhance the capacity of investigators and asset recovery officers.
“This training was very timely and critical. It enhanced the capacity of ZACC in its pursuit to recover assets accumulated though corruption. The investigators were equipped with the requisite skills and techniques involved in asset recovery that include collecting evidence, issuing restraint and freezing orders and making mutual legal assistance requests. Recovering stolen assets is an important process in the fight against corruption as it deters corruption by turning it into a high-risk, low-reward activity. Additionally, asset recovery is a means to obtain resources for the development of the country, which resources can also be channelled towards strengthening the fight against corruption in Zimbabwe, thus contributing to the greater respect for the rule of law,” said ICJ Senior Legal Adviser Blessing Gorejena.
The training workshop provided a comprehensive overview on what asset recovery means, exploring approaches and tools in asset recovery and enhance the technical capacity of the investigators to trace, seize and confiscate and repatriate illicitly acquired assets.
Participants in this workshop included 18 investigative officers and two Commissioners. Overall there were 11 female and 9 male participants in attendance.
This workshop was supported by the European Union Delegation in Zimbabwe.
Contact:
Shaazia Ebrahim (ICJ media officer), c: +277 167 067 19 e: shaazia.ebrahim(a)icj.org
Vimbai Mutandwa (ICJ legal advisor), c: +263 77 351 7733 e: vimbai.mutandwa(a)icj.org
