Jun 5, 2017 | Noticias
La CIJ espresa su más honda preocupación por los desalojos forzosos de las comunidasdes de Laguna Larga y la Mestiza, del Departamento de El Petén.
El pasado viernes 2 de junio, el Gobierno de Guatemala llevó a cabo un operativo militar en el Departamento de El Petén de desalojo forzoso de la comunidad Laguna Larga, situada en Laguna del Tigre en el municipio de San Andres, y tiene programado llevar a cabo otro de la comunidad La Mestiza, del mismo municipio, para el 14 de junio.
Como consecuencia de este operativo militar, la comunidad de Laguna Larga – alrededor de 600 o 700 personas, incluidos niños, mujeres y ancianos- decidió desplazarse en condiciones deplorables hacia territorio mexicano, en búsqueda de refugio y protección.
El sábado 3 de junio los miembros de la comunidad de Laguna Larga cruzaron la frontera y se encuentran actualmente en el municipio de La Candelaria, Campeche, México, en condiciones sumamente adversas. Varios niños y niñas muestran signos de enfermedades respiratorias.
Preocupa particularmente a la CIJ la situación física y mental de un niño que fuera perseguido por las fuerzas militares, durante el operativo de desalojo.
En repetidas ocasiones, la CIJ ha expresado que las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad en el departamento de El Petén, siguen enfrentando la exclusión sistemática por parte de las instituciones del Estado, así como violaciones graves a los derechos humanos, en particular violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.
Por el hecho de vivir en una zona protegida de conformidad con la Ley de Áreas Protegidas, el Estado guatemalteco considera a estas poblaciones como “ilegales” y las acusa de cometer el delito de “usurpación” de áreas protegidas, prohibiendo el ingreso de materiales de construcción, herramientas o cualquier bien que pueda garantizar o significar la más mínima “permanencia” en dichas comunidades o en la zona.
Recientemente fue detenido arbitrariamente el señor Jovel Tovar, acusado del delito de usurpación de áreas protegidas, quien se encuentra detenido en la cárcel de San Benito, en el Departamento de El Petén.
Paradójicamente, el Estado guatemalteco permite y facilita la explotación petrolera en dicha zona, de la compañía PERENCO, a pesar de que los derrames petroleros y otras actividades relacionadas con esa actividad, producen un serio deterioro a las reservas de agua dulce, las cuales son las más importantes de Mesoamérica.
La CIJ considera que esta política afecta seriamente los derechos de la población asentada en la zona.
En repetidas ocasiones, la CIJ ha podido observar que el Ejército de Guatemala, conjuntamente con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), implementa operativos por medio de los cuales se lleva a cabo un acoso permanente a las comunidades que viven en las zonas protegidas.
La presencia del Ejército de Guatemala en la zona y la existencia de diferentes “retenes” militares son parte de la estrategia de acoso permanente a las poblaciones asentadas en la región, las cuales llegaron allí en el marco de un programa estatal en los años setenta, antes de la declaración de zona protegida.
Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado se organiza para proteger a la persona y no para perseguirla.
El acoso permanente a las comunidades, así como las políticas de Estado contra las personas que viven en las zonas protegidas, estableciendo “cercos de presión psicológica, material y militar”, constituye una política de Estado que contradice la Constitución Política de Guatemala, así como convenios y tratados en materia de derechos humanos – especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas-, que imponen la obligación al Estado de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales y que toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “Esta política del Estado de Guatemala de desalojar a las comunidades de cualquier región del país en forma violenta, contraviene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los estándares internacionales y el Estado de Guatemala debe ser declarado responsable y reparar los daños y perjuicios causados.”
Para mayor información:
Ramón Cadena, director CIJ C.A. al correo ramon.cadena(a)icj.org o a los telefonos +502 23601919; +502 23610538.
Leer más aqui:
Guatemala-Desalojo Peten-News-2017-SPA (en PDF)
Mar 15, 2016 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ lanza su Informe de Misión sobre el impacto del proyecto hidrológico de El Quimbo en la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de varios municipios del Departamento del Huila, Colombia.
Asimismo, el Informe da cuenta de la respuesta estatal y de la empresa responsable del proyecto de El Quimbo a las demandas de las comunidades afectadas.
Finalmente, el Informe formula recomendaciones al Estado colombiano, a la empresa responsable del proyecto de El Quimbo y a la Comunidad internacional para garantizar los derechos humanos, la protección del medio ambiente y poner fin a los abusos y exacciones cometidas contra las comunidades.
La Misión de observación visitó a Colombia entre el 15 y el 21 de noviembre de 2015, y estuvo integrada por Philippe Texier y Belisário do Santos Junior, Comisionados de la CIJ por Francia y Brasil, respectivamente, y Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal responsable del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIJ. Asimismo, la Misión contó con la asesoría del abogado Alberto León Gómez.
Colombia-ElQuimbo Megaprojects & ESCR-Publications-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report in PDF, Spanish)
Mar 3, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena asesinato la defensora de derechos humanos y Coordinadora General del Consejo Indígena de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH).
En la madrugada, fue asesinada en su residencia Berta Cáceres por un grupo de sicarios.
La CIJ condena enérgicamente este asesinato, que no solo afecta a su familia, sino también al movimiento de Derechos Humanos en dicho país y al Pueblo Lenca de Honduras.
Además, constituye un ataque contra el movimiento de derechos humanos de toda la región Centroamericana.
Berta Cáceres llevó a cabo una lucha tenaz a favor de la defensa de los recursos naturales del Pueblo Lenca de Honduras.
En reiteradas ocasiones recibió amenazas de muerte, además de sufrir persecución política y órdenes de detención infundadas.
Su lucha, junto con la del COPINH y el pueblo hondureño, fue reconocida con varios premios internacionales.
La CIJ exige de las autoridades hondureñas una pronta investigación, para aclarar los hechos, determinar quienes fueron los autores materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Honduras ha perdido a una valiente y comprometida defensora de derechos humanos; es imprescindible que este crimen no quede en la impunidad. Los sicarios que cometieron el crimen y los autores intelectuales deben ser castigados. Esperamos un mensaje claro por parte del Gobierno y que de inicio de inmediato a las acciones correspondientes”.
Mar 1, 2016 | Artículos, Noticias
En mayo de 2015, la empresa REPSA entregó un oficio en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales donde acepta su responsabilidad por el desborde de sus lagunas de oxidación artificial que se derramaron sobre las aguas del río La Pasión el 28 de abril de 2015.
Sobre un segundo evento del 6 de junio de 2015 no hubo un reconocimiento de su responsabilidad.
El daño causado al Río la Pasión persiste al día de hoy y ha obligado a varias comunidades que allí habitan a buscar fuentes alternativas de sustento y trabajo.
El 10 de junio de 2015, vecinos del municipio de Sayaxché, en asamblea general integraron la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza, para dar seguimiento por la vía legal a la contaminación del río.
El 11 de junio de 2015 presentaron una denuncia en el Ministerio Público con sede en el Municipio de San Benito, departamento de El Petén y demandaron a la empresa REPSA.
La Jueza Karla Hernández del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente resolvió investigar y suspender las operaciones de la empresa por un período de seis meses.
La decisión de la Jueza provocó diferentes acciones en su contra.
Entre las acciones más evidentes se cuentan: a) Antejuicio presentado en septiembre de 2016 por abogados vinculados a la empresa REPSA, el cual fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia el 9 de diciembre de 2015; b) Demanda de juicio sumario civil para deducción de responsabilidades civiles por “extralimitación de sus facultades como juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de San Benito, Departamento de El Petén, toda vez que ordenó una medida precautoria que no está contemplada en la ley”; esta denuncia fue aceptada para su trámite por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de El Petén, Municipio de Poptún el 6 de octubre de 2015 y se encuentra en trámite.
Acerca de estas acciones, la CIJ considera:
- Según los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales, salvo la vía de la revisión judicial por medio de los recursos legales existentes;
- En el presente caso, la decisión de la jueza Hernández fue recurrida conforme los recursos propios del proceso penal (reposición y apelación); sin embargo, mediante otras acciones, se tomaron medidas en contra de la jueza Hernández y no contra la resolución emitida por ella, como debiera ser.
- Estas acciones atentan contra la independencia judicial, en tanto buscan evitar que la Jueza Hernández conozca el caso;
- La Jueza Hernández ha recibido amenazas sin que el Estado de Guatemala le brinde la protección debida;
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: “Urgimos a las autoridades del Sistema de Justicia a tomar medidas adecuadas para evitar que las y los jueces independientes, resulten afectados por este tipo de acciones e intimidaciones.”
Feb 13, 2016 | Artículos, Multimedia, Noticias
Este caso afecta 14 comunidades que implican aproximadamente 15000 personas
Este caso se inicia a nivel local en el Municipio de Nebaj, con la notificación por parte del Estado (Secretaria de Asuntos Agrarios y FONTIERRA[1]) a las 14 comunidades de la aldea Tzalbal, de que la tierra (33 caballerías) de la aldea Tzalbal[2] en el municipio de Nebaj, ya no era de ellos, ya que pasaron a nombre del Estado cuando ellos estaban refugiados en México o desplazados internos en las montañas en 1984. Este despojo de tierra afectaría a aproximadamente 15000 personas.
Ante esta información, las comunidades pidieron apoyo a la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), para determinar si esto era cierto. La CIJ llevó a cabo un estudio registral que confirmó la información: las tierras habían sido vendidas al Estado por medio de escritura pública firmada por el alcalde de esa época. Sin embargo, dicho acto no había contado con el aval de los “vecinos de Nebaj”. Por esa razón, la CIJ consideró que habían suficientes razones legales, para que la tierra fuese restituida por el Estado a las comunidades.
Reclamo a Nivel local: con el acompañamiento de la CIJ y el esfuerzo de las comunidades, se inicia un diálogo con el actual alcalde Municipal del municipio de Nebaj.[3] El Alcalde decide apoyar a las comunidades. El alcalde municipal y su Consejo Municipal aprueba un acuerdo municipal de restitución de tierras, lo cual fue muy significativo. Sin embargo, el Organismo Ejecutivo a nivel local no permite que la rstitución avance.
Reclamo a nivel Nacional: Con el acuerdo municipal de restitución de la tierra aprobado por el Consejo Municipal de la Alcaldía de Santa María de Nebaj y con el apoyo del Alcalde Municipal de dicho municipio, la CIJ acompaña a las comunidades, brindándoles asesoría legal; se inicia un reclamo administrativo al Estado (Organismo Ejecutivo representado por FONTIERRA y la Secretaría de Asuntos Agrarios), para lograr la restitución de la tierra por la vía administrativa.
Esto permitiría recuperar la tierra a nombre de la Alcaldía Municipal de Nebaj y sus vecinos, por la vía administrativa, sin necesidad de recurrir a la vía judicial por medio del recurso de amparo, que implicaría más tiempo. Se conforma una mesa de diálogo entre dichas instituciones estatales, las comunidades y el Consejo Municipal de Santa María de Nebaj.
A pesar de que el Gobierno de Guatemala, por medio de las dos instituciones estatales mencionadas, se compromete a aprobar un Acuerdo Gubernativo de restitución de tierras, cuyo texto fue aprobado en la mesa de diálogo, el Estado no cumple con su compromiso de aprobar dicho acuerdo y a finales del año 2014 se interrumpe el diálogo y las comunidades, conjuntamente con la CIJ, inician el estudio de la alternativa de acudir a la vía judicial por medio del recurso de amparo, para lograr la restitución de la tierra por la vía judicial.
La oficina de la CIJ en Centroamérica dará apoyo legal a las comunidades, para reclamar por la vía judicial la restitución de la tierra que les fue despojada durante la guerra. La elaboración de dicho reclamo legal, se hará tomando en cuenta que si los tribunales nacionales no aceptan el reclamo judicial, se acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.[4]
Para el efecto, la CIJ organizó una visita a Tzalbal, en la que participó Olivier van Bogaert, Diretor de medios de comunicación de la CIJ en Ginebra, el abogado mexicano José Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Director de la CIJ para Centroamérica.
La Asamblea Comunitaria contó con la participación del señor Alcalde Municipal Pedro Raymundo Cobo.
Esta visita se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2015. También participó la abogada guatemalteca Martha García, quien llevó a cabo el estudio registral sobre la tierra de Tzalbal.
El Director de Medios y comunicación de la CIJ pudo llevar a cabo varias entrevistas y realizó un video acerca de este caso.
Actualmente, se está preparando el recurso de amparo, para lograr la restitución de la tierra por la vía judicial.
[1]Fondo Nacional de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios fueron creados a raíz de los acuerdos de paz, para resolver la conflictividad agraria. Sin embargo, se han apartado de sus objetivos originales y muchas veces presionan a las comunidades para resolver la conflictividad agraria por medio de engaños y represión.
[2] Tzalbal fue uno de los centros de operación del Plan Sofía en 1982. Arrasada por el Ejército en los años ochentas. En la región se sufrió el Genocidio Ixil. Las masacres se iniciaron en 1981 y tuvieron que desplazarse internamente o buscar refugio en México.
[3] Nebaj es un municipio al occidente del país, compuesto principalmente por población maya-Ixil. Sufrieron durante la guerra el genocidio Ixil y parte de sus tierras están registradas en forma comunitaria como Éjido Municipal de Nebaj, propiedad de la Municipalidad y vecinos.
[4] Es importante hacer ver que existen dos casos similares (Aguas Tingny vrs. Nicaragua y Yake Axa vrs. Paraguay), en el cual la Corte Interamericana falló a favor de las comunidades, quienes habían sido despojadas de la tierra.
Caso Nebaj en video:
