Hoy, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) llaman al Gobierno a respetar la independencia judicial de la Corte Constitucional y adoptar medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad de los magistrados de la Corte.
Hoy, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) lanza una guía para defensores de derechos humanos que trabajan en temas relacionados con la rendición de cuentas para graves violaciones a los derechos humanos, en especial muertes potencialmente ilícitas y desapariciones forzadas.
La Comisión Internacional de Juristas ha emitido el día de hoy un comunicado en el que lamenta la decisión anunciada por el gobierno de Nicaragua el 19 de noviembre de 2021, relativa a la denuncia de la Carta de la OEA, mediante una comunicación enviada al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, Daniel Ortega.
El Estado de derecho y la independencia judicial se ha deteriorado de manera significativa en El Salvador, manifestaron los comisionados de las Américas de la Comisión Internacional de Juristas en una declaración publicada el día de hoy.
La CIJ, en un informe que presentó hoy, afirmó que el Poder Judicial de Venezuela se ha convertido en una herramienta para que el Poder Ejecutivo controle políticamente al país, en lugar de ser un mecanismo de defensa del Estado de derecho en el país.
El informe Jueces en la cuerda floja de 58 páginas, documenta el deterioro de la independencia judicial en Venezuela debido al control y la influencia política sobre el Poder Judicial, y debido al rol que ha desempeñado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el quebrantamiento de la independencia de los jueces en todo el país.
“La justicia es un derecho humano y es un derecho fundamental para la protección de otros derechos. Sin las garantías esenciales de independencia e imparcialidad de los jueces, no tenemos justicia. Hoy, en Venezuela, el derecho a la justicia no está garantizado, en la medida en que no tenemos un sistema de jueces independientes e imparciales”, dijo Carlos Ayala, vicepresidente de la CIJ.
El Tribunal Supremo de Justicia, controlado desde hace mucho tiempo por el Poder Ejecutivo, ha gestionado el colapso del Estado de derecho en el país, ya que más del 85% de los jueces ocupan cargos provisionales, están sometidos a presiones políticas, y reciben presiones directas para que emitan decisiones judiciales en favor del gobierno y en contra de personas defensoras de derechos humanos y disidentes políticos.
“La captura política del TSJ ha colocado a los jueces en la cuerda floja en Venezuela, haciéndolos incapaces de defender el Estado de derecho, proveer la rendición de cuentas por las numerosas y graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, y proteger los derechos del pueblo venezolano”, dijo Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
De esta manera, la CIJ ha recomendado a Venezuela despolitizar el Poder Judicial en general y en particular el Tribunal Supremo de Justicia. El informe también establece una serie de recomendaciones específicas para lograr estos objetivos, en particular:
Asimismo, la CIJ ha hecho un llamado a las autoridades venezolanas para que cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales relacionados con la independencia judicial, así como con las decisiones y recomendaciones de diferentes órganos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y para que permitan el acceso al país de procedimientos y mecanismos internacionales de derechos humanos que contribuyan a la rendición de cuentas y al restablecimiento del Estado de derecho.
La CIJ también insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a mantener un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, hasta que los fiscales, los tribunales y las cortes venezolanas sean capaces de investigar, procesar y juzgar eficazmente dichas violaciones con independencia e imparcialidad.
Contacto
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ. email: carolina.villadiego@icj.org
Venezuela-Judges on the tightrope-Publications-Reports-Thematic reports-2021-SPA
La reciente, continuada e injustificada detención de cinco miembros de la ONG venezolana “Azul Positivo” es un hecho más de una serie de amenazas, hostigamientos, ataques, restricciones, represalias y procesos penales contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas, que se ha intensificado desde noviembre de 2020.
En los últimos meses y semanas, agentes del Estado han entrado por la fuerza en las oficinas de las organizaciones de la sociedad civil; se han proferido amenazas públicas contra las personas defensoras que han interactuado con los mecanismos de derechos humanos, se han congelado las cuentas bancarias de las ONG y se han emitido órdenes de detención contra lxs trabajadorxs humanitarixs.
La sociedad civil venezolana opera en un contexto de graves obstáculos legales y administrativos, con leyes nacionales utilizadas para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos, como la “Ley contra el Odio”, o que tienen el efecto de limitar las operaciones de las ONG y restringir su acceso a la financiación, esencialmente bloqueando el trabajo de muchas organizaciones vitales para las y los venezolanos necesitados.
En una declaración pública, varixs expertxs independientes en derechos humanos de la ONU y expertxs regionales han descrito las amenazas y las medidas adoptadas contra la sociedad civil venezolana desde noviembre de 2020 como una “persecución y estigmatización sistemáticas”.
Es esencial que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que responden a las graves crisis humanitarias y de derechos humanos en el país, que presionan para que se rindan cuentas por las violaciones y los abusos y para que se devuelvan las garantías que ofrecen las instituciones y los procesos democráticos, puedan realizar su trabajo sin miedo ni obstáculos.
Las personas defensoras de los derechos humanos son críticos, constructivos y esenciales para la promoción de la democracia y el funcionamiento del Estado de derecho. Los intentos de silenciarlos y acobardarlos son contraproducentes y vergonzosos. Instamos a las autoridades venezolanas a que garanticen el cese del hostigamiento y las amenazas contra las personas venezolanas y a que se respeten todas las garantías jurídicas internacionales. Hacemos un llamamiento a todos los Estados y a los organismos y agencias de la ONU para que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas defensoras y a las y los activistas, y para que se pronuncien con fuerza y coherencia a favor del derecho a defender los derechos humanos en Venezuela y en todo el mundo.
Nos inspira el compromiso y el valor diarios de las personas defensoras de los derechos humanos y lxs trabajadorxs humanitarixs venezolanxs y nos solidarizamos con nuestrxs socixs y amigxs venezolanxs.
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y Derecho Internacional
CIVICUS
Civil Rights Defenders
Conectas Diretos Humanos
Freedom House
Global Centre for the Responsibility to Protect Human Rights Watch
International Commission of Jurists
International Service for Human Rights
People in Need
Washington Office on Latin America (WOLA)